La Justicia avanza en la investigación sobre el presunto viaje al Caribe del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y analiza si su destino final fue la isla de Aruba. La causa está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, quien ya cuenta con información oficial de Migraciones.
Según informó el periodista Bruno Yacono de TodoNoticias, el funcionario salió del país el 29 de diciembre con destino a Perú y regresó el 10 de enero desde Ecuador. Sin embargo, los investigadores sospechan que ambos puntos fueron escalas dentro de un itinerario más amplio que podría haber incluido su paso por el Caribe.
En paralelo, versiones periodísticas mencionan la existencia de al menos una testigo que asegura haber visto a Adorni en Aruba, aunque ese elemento aún no fue incorporado formalmente al expediente.
Otro de los aspectos bajo análisis es el costo del presunto viaje, que rondaría los US$ 10.000. La Justicia busca determinar el origen de esos fondos y reconstruir con precisión los movimientos del funcionario durante ese período.
Frente a las sospechas, Adorni se defendió públicamente: “El Presidente no prohibió que viajemos al exterior. Solo nos pidió austeridad, pero no sugiere dónde vacacionar”, sostuvo en conferencia de prensa.
Pese a esas explicaciones, la causa generó ruido dentro del Gobierno y abrió interrogantes sobre la consistencia entre los gastos del funcionario y sus ingresos declarados. En ese marco, el fiscal dispuso una serie de medidas para avanzar en la investigación.
Entre ellas, se solicitará información a la aerolínea LATAM Airlines para reconstruir el recorrido completo del viaje, tanto en la ida como en el regreso. Además, se analizarán los resúmenes de las tarjetas de crédito del jefe de Gabinete para obtener un detalle de sus consumos en el exterior.
Mientras tanto, Adorni designó como abogado defensor al penalista Matías Ledesma, hijo del exjuez Guillermo Ledesma, quien integró el tribunal que juzgó a las Juntas militares.
La investigación no se limita únicamente al viaje. El expediente incluye un análisis más amplio por presunto enriquecimiento ilícito, que abarca otras operaciones, como la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, por el que habría abonado un anticipo de US$ 45.000, además de viajes a Punta del Este.
En ese contexto, la Justicia también citó a declarar como testigo a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en la escrituración del inmueble. La propiedad fue registrada por un valor de US$ 230.000 y parte de los fondos provendría de un préstamo otorgado por dos mujeres, una de las cuales aseguró no tener vínculo con el funcionario.
La declaración de la escribana, prevista para el 8 de abril, será la primera testimonial del expediente, que ya reúne una docena de medidas de prueba orientadas a esclarecer el origen del dinero utilizado en distintas adquisiciones, incluyendo una propiedad en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.
