El Juzgado Federal de Campana volvió a poner presión sobre el Gobierno nacional para que ponga en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad. El juez federal Adrián González Charvay ordenó al Poder Ejecutivo que aplique la norma con vigencia retroactiva al 4 de febrero y fijó un plazo de dos semanas para su implementación efectiva.
En paralelo, el magistrado intimó al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad a que, en un plazo de cinco días, informen el estado de los trámites administrativos necesarios para cumplir con la ley. La causa se tramita como un proceso colectivo iniciado por dos padres y tiene alcance en todo el país.
Según informó el medio Todo Noticias, la decisión judicial se tomó aun sin un pronunciamiento de la Cámara Federal de San Martín, que actualmente analiza una apelación presentada por el Gobierno. Ese recurso fue impulsado por el procurador del Tesoro de la Nación, Santiago Castro Videla, luego de que González Charvay ordenara la aplicación inmediata de la norma el pasado 12 de diciembre. La presentación quedó radicada en la Sala II de la Cámara, que todavía no resolvió.
El trasfondo del conflicto se remonta a julio de 2025, cuando el Congreso sancionó la Ley de Emergencia en Discapacidad. Sin embargo, el presidente Javier Milei vetó la iniciativa argumentando la necesidad de preservar el equilibrio fiscal. Desde la Casa Rosada sostuvieron que la norma implicaba un aumento del gasto sin financiamiento definido.
El veto presidencial fue rechazado posteriormente por el Congreso, lo que obligó al Ejecutivo a promulgar la ley. No obstante, el oficialismo incorporó un artículo que suspendía su aplicación, bajo el argumento de que el Parlamento no había especificado el origen de los recursos necesarios para afrontar los nuevos compromisos.
En su fallo, González Charvay consideró que esa maniobra constituyó una intromisión del Ejecutivo en las facultades del Congreso y vulneró el principio de supremacía constitucional. Además, calificó como incorrecto el argumento económico esgrimido por el Gobierno, al señalar que la propia ley habilita al Jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias para cubrir los gastos derivados de su implementación.
De este modo, el juez sostuvo que no existía un impedimento financiero real para aplicar la normativa y ratificó la obligación del Ejecutivo de cumplirla en los términos sancionados por el Poder Legislativo.
