La mamá de Jeremías Monzón apoyó la ley y afirmó: "Es un legado de nuestros hijos"

Acompañada por otras familias de víctimas, sostuvo: ¿Y quién habla de la reinserción social de las víctimas?”.
Por: #BorderPeriodismo

Romina Monzón, madre de Jeremías, siguió desde uno de los palcos de la Cámara de Diputados el debate por la reforma que propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La mujer, que impulsaba que el límite se fijara en 12, participó junto a otros familiares de víctimas de delitos cometidos por menores.

En la previa de la sesión, frente al Congreso, expresó su dolor: “Lamentablemente, estoy de luto. Hace menos de dos meses, asesinaron a mi hijo, y dos de los tres menores están en libertad, sin siquiera tener un antecedente penal”.

También advirtió que, aun si la norma se aprueba, no impactará en su caso “porque esta ley no es retroactiva”. Y sostuvo: “Esto va a ser un legado de nuestros hijos para que no siga pasando. Es tan necesario que esto cambie porque los liberan como si nada, y hablan mucho de la reinserción social de gente que decidió matar, a salir a robar. ¿Y quién habla de la reinserción social de las víctimas?”.

  Diputados tratará mañana la baja de la edad de imputabilidad a 14 años

Jeremías fue hallado sin vida el 22 de diciembre de 2025 en un descampado de Santa Fe, dentro del predio de una antigua fábrica. El cuerpo presentaba más de 20 puñaladas. La investigación determinó que los autores materiales fueron dos adolescentes de 15 y 14 años, inimputables bajo la legislación vigente. La novia de la víctima fue imputada como coautora y permanece detenida en un centro cerrado para menores; su madre fue acusada como partícipe secundaria.

En el recinto también estuvieron integrantes de la Asociación Madres del Dolor. Sandra Pérez, madre de Zaira Rodríguez; Martín y Mariela Sperani, padres de Joaquín; Viviam Perrone, madre de Kevin Sedano; e Isabel Yaconis, madre de Lucila Yaconis, acompañaron la sesión y reclamaron cambios en el régimen penal juvenil.

El proyecto en debate fija en 14 años la edad mínima para delitos graves y establece penas de hasta 15 años, con la privación de libertad como último recurso.

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