La Universidad de Buenos Aires (UBA) iniciará acciones judiciales para que el Gobierno haga efectivo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Si bien la norma fue promulgada por el Ejecutivo, su aplicación fue postergada hasta que el Poder Legislativo informe como se financiaría la misma.

Además, la institución educativa solicitará, ante la Justicia, que se asignen los recursos presupuestarios necesarios, de forma urgente, y así, se cumpla con las obligaciones constitucionales y legales vigentes. El Consejo Superior aprobó esta medida por unanimidad.

En la resolución, afirmaron que el motivo de esta decisión tiene que ver no solo con garantizar el cumplimiento efectivo de la ley, si no también "la plena vigencia de los derechos constitucionales que protegen la educación pública y la institucionalidad democrática”.

“Este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”, aseguraron, más adelante.

En el mismo sentido, añadieron: “Implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos en la ya mencionada ley”.

Asimismo, advirtieron que, al no aplicarse la norma, se profundiza la "crisis presupuestaria sin precedentes" que atraviesan tanto la UBA en particular como todo el sistema universitario.

"Las prórrogas del Presupuesto 2023 quedaron rápidamente desfasadas frente a la inflación, y durante el 2024 los salarios de los trabajadores docentes y no docentes de la Universidad sufrieron una pérdida de su poder adquisitivo de más del 40%. A lo largo de todo el año 2025, la recomposición salarial ha sido mucho menor que la inflación oficial medida por el INDEC, profundizando aún más dicha pérdida", manifestaron.

Finalmente, destacaron que, además de la preservación del financiamiento a las universidades nacionales de todo el país y la recomposición salarial de los trabajadores docentes y no docentes, la ley prevé la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas.

A raíz de esto, desde el Consejo Superior, a modo de conclusión, expresaron: "La no ejecución de esta Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina".