La Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó un pedido formal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que avance “a la mayor brevedad” en la definición de la causa vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario y disponga la aplicación inmediata de la norma por parte del gobierno de Javier Milei.
La iniciativa fue impulsada por el Consejo Superior de la UBA y se conoció un día después de la cuarta Marcha Federal Universitaria, que movilizó a miles de personas en Plaza de Mayo y en distintas ciudades del país en defensa de la educación pública.
Desde la universidad remarcaron que la Ley 27.795, sancionada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso, impacta de manera directa en el financiamiento de las universidades nacionales y en la recomposición salarial de docentes y trabajadores no docentes.
En el escrito presentado ante el máximo tribunal, las autoridades sostuvieron que el Poder Ejecutivo “no cuenta con un fallo definitivo favorable” que le permita continuar sin aplicar la norma aprobada por el Congreso.
La UBA también advirtió sobre el deterioro presupuestario que atraviesa el sistema universitario. Según señalaron, las partidas destinadas a las universidades registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026.
Además, alertaron sobre las consecuencias que esa situación genera en áreas sensibles como las becas estudiantiles, los proyectos de investigación científica y el funcionamiento de hospitales universitarios, entre ellos el Hospital de Clínicas José de San Martín.
La disputa judicial llegó a la Corte luego de que la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal aceptara un recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional y suspendiera la medida cautelar que obligaba al Estado a transferir los fondos previstos en la ley.
El reclamo de la UBA se suma a la creciente tensión entre el Gobierno y el sistema universitario, que volvió a expresarse masivamente en las calles durante la movilización del martes.
