La Unidad de Información Financiera (UIF) decomisó un departamento valuado en más de 150 millones de pesos que estaba vinculado con las maniobras de blanqueo de dinero que llevó a cabo Daniel Muñoz, el ex secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner.
Se trata de un inmueble ubicado en el barrio porteño de Villa Urquiza y según la investigación, que llevó adelante el organismo comandando por Paul Starc, fue adquirido con fondos de origen ilícito, para lo cual presentaron las pruebas ante la Justicia para realizar el pedido.
De esta forma, la UIF logró por primera vez llevar a cabo un decomiso anticipado, una herramienta clave para recuperar bienes obtenidos ilegalmente antes de que exista una condena definitiva. Según información oficial, el inmueble formaba parte del entramado de inversiones que, durante años, ocultó el destino de fondos provenientes de delitos de corrupción.
Starc, resaltó: “Recuperar activos de la corrupción es tan importante como condenar. Es dinero que debe volver al servicio de la sociedad y no quedar en manos de estructuras criminales. La UIF está comprometida con una política activa, concreta y eficaz contra el lavado de dinero, en articulación con la Justicia y otros organismos del Estado”
En la causa figuran decenas de propiedades tanto en Argentina como en el exterior, entre ellas cuatro parcelas en las Islas Turks & Caicos, un territorio ubicado cerca de las costas de Cuba y la península de Florida. Además, señalaron que estos activos mostraban la sofisticación del esquema de movimiento de capitales que desarrolló Muñoz, considerado por la Justicia como una pieza central en la operatoria para blanquear el dinero asociado a la corrupción.
La medida empleada en el caso es una herramienta avalada por la legislación nacional, ajustada a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que promueve la acción coordinada a nivel global contra el lavado de activos y la criminalidad financiera.
Así, se habilita que se retiren de la circulación los bienes ilegales incluso antes de que recaiga una condena definitiva, con el objetivo de evitar que estos desaparezcan, cambien de manos o se reintegren a los circuitos criminales durante el proceso judicial.
