El Tribunal Oral Federal N°2 aceptó el pedido de prisión domiciliaria de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, la exmandataria cumplirá su condena de seis años en su domicilio de Constitución, ubicado en la esquina de San José y Humberto Primo.
El juez Jorge Gorini tomó esta decisión debido a la edad de la exvicepresidente (72 años), su estado de salud y los riesgos de seguridad, especialmente luego del intento de atentado que sufrió en hace tres años, en 2022.
Asimismo, rechazó el dictamen de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, en el que Fernández de Kirchner debía cumplir su condena en una cárcel común y utilizar tobillera electrónica en el caso de obtener el beneficio judicial. Igualmente, hay que aclarar que queda en manos del juez definir si se otorga o no el pedido.
¿Por qué los fiscales estaban en contra de esta decisión?
Ambos no coincidieron con los planteos de seguridad y de edad que expuso la defensa de la expresidente y enumeraron en un escrito los argumentos que justifican su solicitud.
Primero, los fiscales plantearon que esa decisión no es algo obligatorio en todos los casos. “Es una excepción al cumplimiento de la pena privativa de libertad. Su concesión no debe ser admitida automáticamente por la mera circunstancia de que la persona condenada esté incluida en alguno de los supuestos que enumera la ley", afirmaron.
También señalaron que “no se advierten razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria". En ese sentido, agregaron: “La privación de la libertad en un establecimiento carcelario no supone, por sí misma, un menoscabo de la vida o la integridad de Fernández“.
Con respecto a las razones de salud, argumentaron que en el informe socioambiental del 12 de junio de 2025, la propia Cristina Kirchner "dijo que se encuentra en un buen estado de salud general“.
Además, enunciaron que “la edad de la persona condenada es condición necesaria, pero no suficiente, para conceder el beneficio". En relación a esto, recordaron el caso de Ricardo Jaime, quien pidió la prisión domiciliaria por los mismos argumentos expuestos en esta situación y el juez Gorini se la denegó.
