El empresario ligado al kirchnerismo que cumple condena en la prisión de Ezeiza, Lázaro Báez, sumó una nueva investigación en su contra por presunta evasión impositiva sobre los inmuebles que alquila desde la cárcel, puso saber BORDER a partir de un seguimiento avanzado que está encarando ARCA.
Si bien la ley no prohíbe a un preso su derecho a facturar, el tema es que Báez habría evadido recientemente, entre 2020 y 2025, unos 40 millones de pesos en facturación del alquiler de la menos de 20 inmuebles, la mayoría de ellos ubicados en Río Gallegos, capital de Santa Cruz.
Lo haría a través de facturas todas realizadas al contado, algunas de ellas en pesos y otras en dólares. ¿Cuál sería el motivo de pretender sólo pagos en cash? Es porque porque Lázaro tiene sus cuentas congeladas. A esta maniobra se la denomina Fondos de Distracción. En ese marco, Ni Báez, ni sus hijos, ni su entorno presentaron declaraciones de Ganancias y Bienes Personales.
Lázaro Báez está actualmente en la cárcel, tras ser rechazado su último pedido de arresto domiciliario. Cumple una condena de 15 años de prisión unificada por dos causas: 10 años por lavado de dinero en "La Ruta del Dinero K" y 6 años por defraudar al Estado en la causa "Vialidad". En uno de los juicios Báez declaró que por concepto de alquileres percibía sólo 800 mil pesos.
Otra de las investigadas por los alquileres es Claudia Insaurralde, la novia de Báez, que éste conoció en la cárcel. Ella ha retirado los pagos de los alquileres en pesos y en dólares. También Virginia García está en la mira, quien fuera senadora y ex cuñada de Máximo Kirchner y ahora trabaja en una comisión del Senado.
En ese marco, también se está buscando una ruta del dinero de los Báez, en la que presuntamente se movió hacia cuentas del exterior.
