Siete funcionarios de la provincia de Buenos Aires fueron citados a declaración indagatoria acusados de vejaciones, apremios ilegales, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, según se desprende de la resolución judicial a la que accedió Borderperiodismo.
La lista de imputados la integran Oscar Luis Tacchi, Mariano Ferrari, Florencio Chamorro y Sebastián Maldonado, acusados de “vejaciones y apremios ilegales en acto de servicio e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Un segundo lote está conformado por Laura María Sporetti, Marta Cecilia Casalli y Dante Jesús Martínez, quienes deben responder por los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado”, según se desprende de la citación a declaración indagatoria que dispuso la fiscal Cecilia Corfield, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 15 de La Plata.
Según se reconstruyó en el expediente judicial y a la documentación que accedió este medio el día 11 de junio de 2023, a la hora 21:30 aproximadamente, en el sector Polideportivo del Centro Cerrado Gregorio Araoz Alfaro I, sito en avenida 520 entre 226 y 231 de la capital bonaerense “Oscar Luis Tacchi, quien en ese momento cumplía funciones de Subdirector del organismo, abusando del cargo, les pegó golpes de puño y patadas en distintas partes del cuerpo” a nueve internos, todos jóvenes en conflicto con la ley penal.
Dos horas más tarde, alrededor de las 23:50 horas del mismo día “previo a su retiro de la institución, el imputado Tacchi ordenó que en presencia del asistente de minoridad Mariano Ferrari alias ‘Fatiga’, y de los jefes de guardia, Florencio Chamorro y Sebastián Maldonado, los demás internos rodearan en un pasillo algunas de las víctimas y que otras sean trasladas a las piezas, para quitarles sus (pocas) pertenencias y seguir golpeándolos”.
Para la fiscal “la selección” de los internos realizada por Tacchi “fue como consecuencia del incendio provocado por ellos (…), con motivo de pretender el traslado a otro lugar de alojamiento en virtud del maltrato recibido” en la institución que depende del área de Niñez y Minoridad del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad a cargo de Andrés “El Cuervo” Larroque.
Esta agresión de funcionarios para con adolescentes detenidos fue llevada al conocimiento de otros funcionarios públicos como Laura Mariana Sporetti, Marta Cecilia Casalli y Dante Jesús Martínez, quienes “omitieron denunciar” las vejaciones “pese a tener obligación legal de hacerlo”.
La fiscal había citado a los acusados para los primeros días de este mes de abril de 2024 para que declaren en el marco de una indagatoria, pero las defensas solicitaron una postergación de las mismas que fueron reprogramadas para el mes de mayo próximo.
PERSECUCIONES EN EL ESTADO
El centro Araoz Alfaro recibe a jóvenes detenidos de toda la provincia de Buenos Aires. El objetivo final es su resocialización mientras cumplen con el encierro preventivo o purgan una eventual condena, pero solo encuentran malos tratos, desidia y desinterés por algunos actores del área de minoridad.
Pero el caso salió a la luz por dos vías: los jóvenes apaleados dieron testimonio ante un juez responsable de su guarda y por otras empleadas funcionarias que en el cumplimiento de sus deberes informaron lo ocurrido. La respuesta no tardó en llegar y fueron blancos de persecución laboral.
La denuncia original fue presentada por el titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 1 de Mercedes, Juan Sebastián Lemos y la auxiliar letrada María Soledad Tracchial. Además integrantes del equipo del instituto de menores, tal como está previsto por sus funciones, pusieron al tanto a los abogados defensores y familiares de las víctimas acerca de lo ocurrido, lo que generó preocupación y pedidos de informes de parte de los mismos.
La nota redactada fue entregada a la directora del organismo, Marta Casali, para ser elevada a Dante Martínez, director de Institutos, y Laura Sporetti, directora de Penales. Semanas después, los firmantes fueron citados formalmente mediante memorándum de forma individual para que dieran su versión de los hechos, en lo que se entendió como una actitud intimidatoria por parte de Sporetti.
Esto devino en acusaciones cruzadas para con algunos de los profesionales que no estaban presentes en el momento del incendio, pero que, sin embargo, acompañaron a los jóvenes luego del mismo, tal como corresponde a su función.
No contentos con la respuesta, desde la subdirección a cargo de Tacchi comenzaron a perseguir a dos de las profesionales firmantes para que las reubicaran en otros centros, en nombre de una supuesta “reestructuración” organizativa del lugar.
EL ORIGEN DE TODO
Durante varios meses los jóvenes detenidos soportaron todo tipo de malos tratos. Pedían con insistencia el traslado de lugar de encierro, no querían seguir recibiendo golpes ni pasar frío o hambre. Ante la falta de respuesta a sus pedidos iniciaron un incendio en un sector del centro cerrado, pero la represalia fue peor. Y eso quedó plasmado en la causa que investiga Corfield.
Tras la feroz golpiza ninguno de los lastimados recibió atención médica. Tenían “heridas visibles” estaban “sin ropa” en una jornada de “mucho frío”. Luego de la pesadilla los chicos se entrevistaron con sus defensores oficiales y contaron todo lo que sufrieron. “Uno de los chicos tenía dos chichones visibles en la cabeza y se quejaba todo el tiempo del dolor que tenía, otro tenía toda la cara manchada de sangre y todos temblaban del frío porque apenas tenían una remera y un short roto cada uno”, explicó una trabajadora del lugar en el marco de la investigación.
Según establece el marco legal vigente, los centros de alojamiento de menores, deben cumplir una extensa serie de requisitos con el objetivo de resocializarlos. Educación, prácticas deportivas, recreación y alimentación, son cuatro de los ejes vertebradores en los que se debe trabajar en el proceso de recuperación social, siempre según establece la normativa que rige en la materia.
HAMBRE, FRÍO Y CASTIGO
La grave situación de los institutos de menores no es nueva. Desde hace varios años tramita un voluminoso habeas corpus sobre otro complejo (Almafuere) donde se denuncian irregularidades de todo tipo en los centros de detención para menores de entre 16 y 18 años de edad que por diferentes motivos están privados de su libertad.
Según un informe pericial los chicos reciben la mitad de la ración diaria de comida y muchas veces deben consumirlas frías, tal como informó Borderperiodismo. Pero este reclamo va más allá y pone la lupa en las condiciones bromatológicas de los alimentos. Se sospecha que los alimentos, en reiteradas oportunidades, no son aptos para el consumo.
En diciembre de 2023, la justicia intimó al gobierno bonaerense a mejorar la alimentación, garantizar los talleres de capacitación, reparar las celdas en desuso, garantizar “el acceso al aire libre” (salidas al patio del predio) y que se informe el listado de docentes que dictan clases, bajo sanción de multar a los funcionarios provinciales Germán Urman y la mencionada Arcidiácono.
PANORAMA PROVINCIAL
En la provincia de Buenos Aires hay ocho centros cerrados para jóvenes en conflicto con la ley penal y 14 centros de contención, donde los acusados o condenados cumplen medidas de privación de la libertad en distintas modalidades.
En el mes de noviembre del año 2019 la jueza María José Lescano, del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata, hizo lugar a un amparo presentado por todos los defensores oficiales de la capital bonaerense ante las malas condiciones de detención de los adolescentes alojados bajo la tutela del Estado.
Las falencias en los centros de detención son innumerables. No está garantizado el proceso educativo, comida escasa, cloacas desbordadas, pocos policías para custodiar las salidas y pocos asistentes adentro. Esta cruda radiografía es la escenografía en la que los jóvenes deben “resocializarse” para recuperar la libertad, una vez cumplida su pena.
