La senadora bonaerense del Frente Renovador Malena Galmarini presentó hoy un proyecto de ley para prohibir el uso de celulares y avanzar en la instalación de inhibidores de señal en las unidades penitenciarias de la provincia. Es para cortar con las habituales estafas y extorsiones que los presos realizan por teléfono tras el resonante caso del soldado que se suicidió en la Quinta de Olivos tras ser víctima de estos delitos.

La iniciativa plantea la instalación obligatoria, en 180 días, de inhibidores de señal en todas las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires, junto con controles tecnológicos y requisas permanentes para evitar el ingreso de dispositivos móviles.

“El sistema penitenciario no puede seguir siendo una oficina desde donde se cometen delitos. Las cárceles no pueden funcionar como call centers del delito”, sostuvo la esposa de Sergio Massa en el proyecto, que remarca que las personas privadas de su libertad no podrán poseer teléfonos celulares ni dispositivos tecnológicos.

“El que está preso tiene que cumplir la condena que le impuso la Justicia, no seguir delinquiendo desde una celda”, justificó además la legisladora. La ex candidata a intedenta de Tigre, planteó que detrás de cada estafa o extorsión telefónica “hay víctimas que sufren angustia, miedo y pérdidas económicas, muchas veces bajo amenazas que simulan secuestros o situaciones de violencia contra sus familias”.

Se indicó que el espíritu del proyecto es “trata de proteger” a las personas que reciben las llamadas extorsivas y que quedan atrapadas en situaciones de desesperación. "Cuando el delito se organiza desde las cárceles, el Estado tiene que actuar. Hoy la tecnología existe y hay que usarla para proteger a la sociedad”, expresó Galmarini.

Según fuentes oficiales, más de 25.000 aparatos celulares fueron incautados en requisas sólo 2018, año en que las cárceles del Sisitema Penitenciario Bonaerense habían declarado una población de 42 mil internos.