La Justicia Federal de La Plata desarticuló un complejo esquema de evasión impositiva que habría permitido el lavado de activos por cifras multimillonarias. En el centro de la investigación se encuentra Natalia Romina Foresio, contadora pública nacional y empleada de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires desde febrero de 2023, y Luis Mauricio Cortazzo, su pareja y también integrante de la nómina de la Cámara de Senadores bonaerense.
Ambos están ligados al bloque político del PRO y fueron procesados por su rol como organizadores de una asociación ilícita fiscal, a la que se le atribuyen delitos de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos por más de 40.000 millones de pesos.
La causa, instruida por el juez federal Ernesto Kreplak, se inició tras una denuncia formal presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo detectó facturación apócrifa, utilización de identidades falsas, y creación de empresas fantasma que permitían generar crédito fiscal ficticio y justificar la salida de grandes sumas de dinero del circuito formal. Foresio permanece detenida con prisión preventiva por riesgo procesal, mientras que Cortazzo, Claudia Mariela Soria y Hugo Fernando Gatti fueron liberados bajo condiciones estrictas.
El mecanismo delictivo y los roles de los implicados
De acuerdo al expediente judicial, al que tuvo acceso #BORDER, la estructura delictiva funcionó al menos desde 2020 hasta 2024, con una coordinación centralizada en el estudio contable de Foresio en La Plata. Las "usinas" de facturación apócrifa eran empresas que emitían comprobantes falsos simulando operaciones comerciales inexistentes.
Estas facturas se utilizaban para generar créditos fiscales que luego eran trasladados entre firmas hasta llegar a los verdaderos beneficiarios: sociedades reales que disminuían así su carga impositiva legal.
El esquema operaba en cadena: empresas A (usinas) facturaban a empresas B, que a su vez facturaban a empresas C, simulando una operatoria lícita pero ficticia. En cada eslabón, se aprovechaban créditos fiscales apócrifos, generando una neutralización contable que impedía la detección por parte de los controles automáticos de la ARCA.
Además, los investigadores detectaron un artilugio adicional: la emisión de notas de crédito falsas, a menudo con montos mayores a los originales, permitiendo ampliar el margen del crédito fiscal computado y fortalecer el encubrimiento de las operaciones.
Los domicilios fiscales de muchas de estas sociedades coincidían con el estudio contable de Foresio y Cortazzo, y las direcciones IP desde las cuales se accedía al sistema de ARCA eran las mismas que usaban ambos imputados en sus dispositivos personales. Las firmas en cuestión no tenían oficinas reales, empleados ni actividad comercial visible. Varias estaban inscriptas en registros sin actividad ni respaldo documental, y algunas funcionaban desde una oficina en Florida 375, CABA, señalada como centro operativo del entramado financiero.
El corazón financiero: empresas pantalla y lavado de activos
La contadora Foresio no sólo armó la estructura jurídica y contable de las usinas, sino que también gestionaba sus claves fiscales, cuentas bancarias y operaciones diarias, según documentó el fallo judicial. El juez detectó movimientos financieros sospechosos por miles de millones de pesos, entre ellos, $100.805.603 en sus cuentas personales y U$S57.800 depositados en una cuenta del Citibank de Estados Unidos, provenientes de la venta de un paquete turístico "VIP".
Asimismo, el juez Kreplak remarcó que Foresio y Cortazzo utilizaron cuentas de al menos seis firmas pantalla (Bakken Gruppe SRL, Tetsu Bethari SAS, Pegattihu SA, Maiko Arya SAS, Ketybeau SRL y Nicapon Comercializadora SAS) para llevar adelante operaciones de intermediación financiera sin autorización del Banco Central. Entre estas maniobras se destaca una operación de circulación simulada de $9,5 millones, vinculada a tres sociedades sin capacidad operativa ni financiera para justificar semejante volumen de facturación.
Otro eje de la causa apunta a una "Residencia Universitaria" en La Plata, desde donde también se detectaron movimientos irregulares de fondos. Según el fallo, se trató de una tapadera para operaciones de blanqueo de dinero.
Coacción, amenazas y las confesiones que expusieron la red
Las declaraciones de Claudia Soria y Hugo Gatti, pareja y también imputados, revelaron el costado más crudo de la organización. Ambos reconocieron haber prestado sus nombres y cuentas para algunas de las empresas involucradas, aunque aseguraron haber sido manipulados por Foresio y su entorno, en un contexto de extrema vulnerabilidad.
Soria, por ejemplo, relató que, durante el tratamiento oncológico de su hija, recibió pagos de $50.000 por cada firma que realizaba, mientras Foresio conservaba el control total de las sociedades, las claves fiscales y bancarias. La mujer declaró haber sido presionada por un tal "David", presunto socio de Foresio, quien se presentaba como parte de “una estructura poderosa” y llegó a amenazarla con frenar el tratamiento médico de su hija si no firmaba los papeles requeridos.
Gatti, por su parte, relató con crudeza un episodio en el que fue trasladado por un auto con vidrios polarizados hasta una oficina en el microcentro porteño, donde firmó documentación que no comprendía, bajo coacción.
En otra ocasión, fue llevado a un banco en Quilmes para retirar $20 millones en efectivo, los cuales fueron guardados en mochilas por sus acompañantes. “Yo en el banco les dije ‘esta plata no es mía’ y me respondieron ‘firmá igual’”, declaró. “Me sentí un pelotudo. Estaba cagado a las patas”, afirmó con angustia.
Ambos afirmaron haber creído en la buena fe de Foresio, hasta que la situación se tornó insostenible. “Ahora me doy cuenta de que fui un negocio para ella”, dijo Soria. La mujer también confesó haber recomendado familiares para figurar como titulares de sociedades pantalla.
Un entramado que podría salpicar a más esferas del poder
La magnitud del caso y los vínculos de Foresio y Cortazzo con la Legislatura bonaerense en cargos relacionados al bloque PRO despertaron preocupación en sectores políticos, sindicales y empresariales de todo el país. Aunque todavía no se ha revelado qué legisladores solicitaron sus contrataciones, su pertenencia a ambas Cámaras bonaerenses desde 2023 y el volumen de maniobras delictivas bajo su órbita generan inquietud.
Entre las más de 140 personas físicas y jurídicas involucradas, se encuentran cooperativas, empresas constructoras y holdings con sede en la Ciudad de Buenos Aires, algunas de las cuales fueron beneficiarias finales de los créditos fiscales truchos. La ARCA ya inactivó decenas de CUITs y continúa avanzando en la fiscalización de otras firmas.
La causa se encuentra en una etapa clave, con el juzgado a cargo solicitando la colaboración de peritos y expertos contables para analizar la vasta documentación incautada en allanamientos. La justicia ya identificó una estructura piramidal y altamente profesionalizada, capaz de sortear controles automatizados del sistema fiscal y bancario.
Mientras tanto, Foresio sigue detenida con prisión preventiva. El juez argumentó que su capacidad de maniobra, su acceso a estructuras del Estado y el poder económico que manejaba representan un riesgo procesal elevado.
El caso Foresio-Cortazzo no sólo revela una maniobra técnica y sofisticada para defraudar al Estado, sino que también expone las fisuras en los controles institucionales y el rol que ciertos operadores cumplen desde el aparato estatal para facilitar delitos económicos complejos. La investigación recién comienza, pero sus implicancias podrían ser devastadoras.
