Luego de una extensa y tensa jornada legislativa, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto impulsado por bloques opositores que propone un aumento de 7,2% en los haberes jubilatorios y la suba del bono mensual a $110.000.
El presidente Javier Milei reaccionó de inmediato a través de sus redes sociales, calificando la iniciativa como “demagogia populista” y advirtiendo que será vetada si es sancionada por el Senado.
“Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista, pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el déficit”, escribió Milei en su cuenta de X, dejando en claro que la administración libertaria no convalidará leyes que, a su entender, comprometan el equilibrio fiscal.
El propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya había anticipado días atrás ante empresarios de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) que el Gobierno no aceptará ninguna norma que aumente el gasto: “No hay nada si no mantenemos el equilibrio fiscal”, sostuvo.
Durante la sesión en Diputados, el oficialismo intentó bloquear el avance del proyecto, pero fracasó en su intento de evitar el quórum. La oposición, liderada por Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y bloques provinciales, logró aprobar tanto el aumento jubilatorio como la prórroga de la moratoria previsional.
El proyecto previsional fue aprobado por 142 votos afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones. El incremento del bono y los haberes fue respaldado por el kirchnerismo, el FIT, la CC, Encuentro Federal y Democracia para Siempre. La Libertad Avanza, el PRO y algunos bloques provinciales lo rechazaron, mientras que la UCR se abstuvo.
En cuanto a la moratoria, la votación fue más ajustada: 111 diputados votaron a favor, 100 en contra y 15 se abstuvieron. En este caso, fue determinante la posición de los bloques “dialoguistas” que decidieron no oponerse, lo que dejó sin chances al oficialismo de bloquear la medida.
Po su parte, el Gobierno estimó que el costo fiscal de estas medidas podría superar los 12.000 millones de dólares, es decir, alrededor del 1,8% del PBI.
En ese contexto, la Casa Rosada se prepara para rechazar cualquier intento legislativo que, según su visión, ponga en riesgo los objetivos económicos de la gestión.
