El presidente Javier Milei rechazó de forma tajante la posibilidad de indultar a Cristina Kirchner, luego de la ratificación de su condena por corrupción en la causa Vialidad, que implica seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En una entrevista con Esteban Trebucq por LN+, el mandatario fue consultado sobre la posibilidad de una exención desde el Poder Ejecutivo y fue contundente: “Me parece un disparate”, afirmó.
“Vivo pregonando la independencia de la Justicia. Que falle y haga lo que crea pertinente. Dicho sea de paso, es una materia que no manejo. No tengo la más mínima intención de hacer algo así”, remarcó Milei. Y agregó: “Aparte, nuestro lema de campaña es ‘el que las hace, las paga’. A mí me parece aberrante”.
El jefe de Estado también señaló que una decisión de esa naturaleza implicaría un desacuerdo con el accionar del Poder Judicial. “Significaría que no estoy de acuerdo con la Justicia, en caso de que lo estuviera. Y tampoco me compete tener esa opinión, en el lugar que estoy”, concluyó.
Mientras tanto, desde el PRO avanzan con un proyecto de ley para impedir que el Ejecutivo pueda conceder indultos a funcionarios condenados por delitos de corrupción.
La iniciativa fue presentada por la diputada Silvina Giudici y busca modificar el régimen de indultos para excluir de esa posibilidad a quienes hayan cometido delitos graves contra la administración pública. “El objetivo es ratificar que en la Argentina nunca más los funcionarios podrán cometer actos de corrupción sin ser condenados, y que la pena que reciban deberá ser totalmente cumplida”, explicó Giudici.
En esa línea agregó: “Estos delitos fueron responsables de haber sumido a la Argentina en la pobreza y la decadencia. Por eso los consideramos tan graves para los derechos humanos como la traición a la Patria”.
El proyecto, que propone ampliar los alcances de la Ley 27.156, cuenta con el respaldo de varios legisladores de la bancada que lidera Cristian Ritondo, como María Eugenia Vidal, Gerardo Milman y Sabrina Ajmechet, entre otros. La iniciativa busca blindar las condenas judiciales frente a posibles decisiones políticas que puedan intentar revertirlas.
