El presidente Javier Milei envió al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Glaciares, con el objetivo de que esta iniciativa sea debatida durante las sesiones extraordinarias. La propuesta buscaría reducir el área protegida de estas reservas de agua dulce y darle mayor autonomía a las provincias para decidir sobre actividades productivas en esas zonas.
Desde la Oficina del Presidente se difundió un comunicado que sostiene que esta reforma responde a “terminar con la parálisis regulatoria, ordenar el Estado, respetar la Constitución y liberar las fuerzas productivas de la Argentina”. Además, se señala que la propuesta surge como un pedido explícito de provincias mineras como Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan.
Si bien aún no se conocen los detalles precisos del proyecto, funcionarios del Gobierno adelantaron que podría permitir a las provincias determinar qué áreas de ambiente glaciar proteger o no. Actualmente, el inventario nacional de glaciares prohíbe cualquier actividad extractiva en esas reservas de agua dulce.
El comunicado oficial resalta que la iniciativa reafirma los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional, que garantizan la protección ambiental sin impedir el desarrollo humano y reconocen el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales.
En este contexto, el proyecto busca fortalecer el papel de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconociendo su capacidad técnica y científica, además de mejorar la coordinación con el Inventario Nacional de Glaciares para contar con información precisa y actualizada para la toma de decisiones.
El Poder Ejecutivo solicitó al Congreso que otorgue un tratamiento rápido a la reforma y que se garantice la participación ciudadana durante el proceso legislativo. Desde el Gobierno destacan que este cambio sería un paso fundamental para “poner a la Argentina de pie, con reglas claras, federalismo real, desarrollo productivo y crecimiento económico”.
Esta propuesta genera debate entre sectores ambientalistas y productivos, ya que implica un cambio en la protección estricta de reservas vitales de agua dulce, mientras que las provincias mineras reclaman mayor autonomía para impulsar sus actividades económicas.
