Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron un pedido formal ante el Tribunal Oral Federal N°2 para decomisar 140 propiedades vinculadas a Cristina Kirchner y Lázaro Báez, incluyendo el departamento donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria.
En el extenso listado, que incluye 13 inmuebles de sociedades de la familia Kirchner y 128 de sociedades relacionadas con Báez, también solicitaron el embargo de 46 vehículos, más de US$5.600.000 en cajas de seguridad y cuentas bancarias, y una suma en pesos que supera los 53 mil.
Los fiscales argumentaron que “las personas condenadas —intimadas a depositar la suma de $684.990.350.139,86 por la defraudación colosal a la Administración pública— todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo”.
En su presentación, Luciani y Mola señalaron que Cristina Kirchner y Lázaro Báez “vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme” y que “la resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”.
Este nuevo pedido se suma a otro anterior del Ministerio Público Fiscal, realizado en noviembre, que comprendía 84 inmuebles de Báez, uno de Cristina Fernández, 19 recibidos a título gratuito por Máximo y Florencia Kirchner, y otros bienes de sociedades vinculadas, elevando el total solicitado a 252 propiedades.
Entre los bienes reclamados destacan 13 inmuebles relacionados con las empresas Los Sauces SRL y Hotesur SA, entre ellos el departamento ubicado en San José 1111, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. Este inmueble fue adquirido por Los Sauces SA en 2015.
Además, figura en la lista el hotel La Aldea, propiedad de la familia Kirchner en El Chaltén, Santa Cruz, así como varias propiedades de Lázaro Báez, incluyendo tres inmuebles en el exclusivo barrio privado Ayres de Pilar y cinco casas en Pinamar.
