Javier Milei decidió postular para la Corte Suprema al juez federal Ariel Lijo, y al abogado Manuel García-Mansilla. A Lijo lo propuso para ocupar el lugar que dejó al jubilarse Elena Highton de Nolasco. A García Mansilla, para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, a quien le avisó en el comunicado de la «Oficina del Presidente» publicado en las redes sociales, que espera que se jubile en diciembre cuando cumpla 75 años. Con esta medida, el presidente generó nuevamente un intenso debate al modificar el Decreto 267/2024, que regula la selección de ministros para la Corte Suprema de Justicia. La decisión presentada como una medida para agilizar el proceso de designación de jueces, levantó críticas y dudas en cuanto a su impacto en la independencia y la integridad del poder judicial argentino.

La nominación de Ariel Lijo y García Mansilla para integrar la Corte, junto con la incertidumbre sobre la situación de Juan Carlos Maqueda, cuya jubilación está prevista para diciembre, fue el centro de atención en este debate. Pero lo que más polémica generó es la elección del juez federal Ariel Lijo, por su historial y perfil público.

Lijo, conocido por su extravagante estilo de vida y sus relaciones cercanas con empresarios, así como por su impresionante patrimonio, que incluye haras de caballos, fue objeto de críticas en el pasado. A este historial, recordado desde la noticia de su postulación por el arco político, se le sumó su participación en causas judiciales polémicas, lo que sembró más dudas sobre su idoneidad para ocupar un puesto en el máximo tribunal del país, planteando interrogantes sobre la independencia y la imparcialidad de la justicia en Argentina.

En este panorama, se destacó entre los argumentos en contra de la postulación, la cercanía de Lijo a empresarios, lo que ha alimentado especulaciones sobre posibles conflictos de interés en su desempeño como magistrado.

Por otro lado, la modificación del Decreto 267/2024 para permitir la designación anticipada de jueces, incluso antes de que se produzcan vacantes en la Corte, fue tomada con escepticismo por parte de diversos sectores que argumentaron que esta medida podría abrir la puerta a nombramientos políticamente motivados y socavar la independencia del poder judicial.