Recientemente trascendió que en La Rioja más de 1000 empleados de la administración pública cobraban el Potenciar Trabajo, a pesar de trabajar para el gobierno provincial del gobernador Ricardo Quintela.
Se trata de una nueva noticia vinculada a las irregularidades en la administración del plan: en diciembre, luego de que una investigación del fiscal Guillermo Marijuán, el Ministerio de Capital Humano informó la baja de otros 4500 trabajadores públicos que eran beneficiarios del programa en 14 provincias.
Ahora, la Justicia Federal investiga este nuevo caso en la provincia, donde la fiscal federal María Virginia Miguel Carmona, y el juez Daniel Herrera Piedrabuena intentan identificar a las 1060 personas que trabajaban en la provincia y cobraban el plan que funciona como asistencia social para trabajadores de la economía informal y consiste en un cobro de más de $70.000 en contraprestación de ciertos requisitos, como 60 horas laborales semanales.
Los involucrados deberán ser indagados en orden al delito de defraudación en perjuicio de la Administración Pública.
Además, el Ministerio Público Fiscal instruyó a la Justicia para que también se investigue a los funcionarios nacionales que hayan intervenido en la concesión de estos beneficios.
El fundamento de dicha instrucción se basa en que podrían haber infringido la normativa que impide el otorgamiento del mismo a quienes no cumplan con los requisitos legales establecidos.
Así, el Ministerio Público Fiscal solicitó al juez federal riojano que habilite la feria judicial, y cite a las 1060 personas imputadas a prestar declaración indagatoria en orden al delito de defraudación en perjuicio de la Administración Pública y se solicitó que los planes sociales le sean suspendidos a los involucrados.
Potenciar Trabajo: antecedentes de irregularidades reiteradas
Meses atrás, el fiscal federal Guillermo Marijuán abrió una averiguación preliminar luego de que trascendieran, en base a información de la AFIP, características irregulares de más de 250.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo que parecían mostrar incompatibilidades entre los requisitos para recibir el salario social complementario y sus condiciones impositivas.
A raíz de esa investigación, Marijuan denunció a Victoria Tolosa Paz, quien entonces era la exministra de Desarrollo Social, y al dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, por las supuestas irregularidades desprendidas en el otorgamiento del Plan Potenciar Trabajo.
Después de una serie de medidas de prueba que incluyeron las declaraciones testimoniales del extitular de la AFIP, Carlos Castagneto, y del exjefe de Gabinete, Juan Manzur, el fiscal Marijuan cuestionó que de los 253.000 planes el ex-Ministerio de Desarrollo Social solamente le hubiera dado de baja a 2243.
Por todo eso es que el gobierno de Javier Milei, a fin del año pasado y a poco de haber ganado las elecciones, dio de baja los planes Potenciar Trabajo de 4588 empleados públicos de las provincias de Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.
