Protocolo Chocobar: Bullrich renueva su proyecto para el uso de armas

El relanzamiento del protocolo para el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales despierta debate y preocupaciones sobre la seguridad y los derechos humanos en Argentina.
Por: #BorderPeriodismo

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estará este jueves en la presentación del protocolo general para el empleo de armas de fuego por parte de las fuerzas federales, reviviendo así la normativa que había sido suspendida durante el mandato de Alberto Fernández.

El evento está programado para las 15; Bullrich estará acompañada por el secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, y el jefe de la Prefectura Naval Argentina, prefecto general Guillermo Giménez Pérez.

Este protocolo, conocido como «Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad”, fue instaurado mediante la resolución 956/2018 durante la gestión de Bullrich como ministra de Seguridad en el Gobierno de Mauricio Macri.

Sin embargo, fue derogado el 20 de diciembre de 2019 por la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, como una de sus primeras acciones en el gobierno de Fernández.

El restablecimiento de esta normativa genera polémica, especialmente desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que criticó fuertemente la medida, alegando que permitió a las fuerzas de seguridad federales usar la fuerza letal de manera indiscriminada, lo que resultó en un aumento significativo de casos de «gatillo fácil».

En respuesta a estas críticas, Bullrich reafirmó su compromiso con la protección de los agentes de seguridad, argumentando que el protocolo proporciona un marco legal necesario para garantizar su seguridad mientras cumplen con su deber.

Además, el pasado 12 de enero, Bullrich se reunió con el exoficial de policía Luis Chocobar, quien fue condenado por el asesinato de un delincuente en el barrio porteño de La Boca en 2017. Durante el encuentro, discutieron planes para modernizar y adaptar la legislación del Código Penal con el fin de proporcionar un respaldo legal más sólido a aquellos que defienden la seguridad pública.

La reinstalación de este protocolo plantea interrogantes sobre la delicada balanza entre la protección de los ciudadanos y el respeto de los derechos humanos, un debate que está en el centro de la agenda política y social en Argentina.

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