La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto el último recurso presentado por la defensa de Julio De Vido, consolidando así la condena a cuatro años de prisión por administración fraudulenta en el marco de la investigación por la tragedia ferroviaria en la estación Once.
El tribunal máximo ratificó la resolución del 11 de noviembre y desestimó la solicitud de anular la sentencia, que había sido presentada por los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro. Estos argumentaban un supuesto error judicial y que la acción penal estaba prescrita, pero los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron esos planteos.
En su fallo, la Corte recordó que sus decisiones solo pueden revisarse en casos de errores manifiestos y claros, algo que no se constató en esta causa. De esta manera, quedó firme la condena dictada contra De Vido, quien fue declarado partícipe necesario en la administración fraudulenta que afectó el servicio ferroviario de la línea Sarmiento.
EL CAMINO DE LA CAUSA POR LA TRAGEDIA DE ONCE
La negligencia en el control del funcionamiento del servicio fue clave en el accidente ocurrido el 22 de febrero de 2012 en la estación Once, que provocó la muerte de 51 personas. La responsabilidad penal del exministro fue establecida en 2018 cuando el Tribunal Oral Federal 4 lo condenó inicialmente a cinco años y ocho meses de prisión, además de inhabilitación perpetua, por no supervisar el destino de los fondos públicos asignados a la empresa TBA.
Si bien De Vido fue absuelto del delito de estrago culposo, el fallo apuntó a que existía una cadena de responsables más cercanos a la operación del tren, aunque destacó que el área de Planificación incumplió su rol de fiscalización. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena, pero la defensa apeló a la Corte Suprema.
En agosto de 2024, el máximo tribunal ratificó la responsabilidad del exfuncionario por fraude y ordenó revisar la pena, considerando injustificado que fuera superior a la de otros imputados condenados por las muertes. Posteriormente, la Casación redujo la pena a cuatro años de prisión, pero tanto la defensa como el Ministerio Público Fiscal apelaron, buscando un ajuste a la baja y al alza respectivamente.
Finalmente, el 11 de noviembre la Corte rechazó ambas apelaciones y consolidó la condena a cuatro años. Con la decisión de este jueves, se desactivó el último intento de la defensa para declarar la prescripción de la causa, dejando la sentencia completamente firme y agotando la vía recursiva.
