El Gobierno nacional avanzará con un proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental que será enviado al Congreso en las próximas semanas. La iniciativa apunta a modernizar el marco normativo vigente y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario frente a situaciones complejas, especialmente aquellas que requieren intervenciones urgentes.
Entre los ejes principales, el Ejecutivo propone ampliar los criterios para las internaciones involuntarias, habilitando su aplicación bajo indicación médica en un espectro más amplio de casos.
El objetivo, según se desprende del proyecto, es ofrecer herramientas legales más eficaces para proteger tanto a los pacientes como a terceros, en escenarios donde actualmente la normativa resulta insuficiente.
Cambios en el concepto de riesgo
Uno de los cambios centrales radica en la redefinición del concepto de riesgo. Hasta ahora, la legislación solo contempla la internación involuntaria cuando existe un peligro cierto e inminente. La reforma introduce una mirada más amplia, al incorporar el análisis del contexto, los antecedentes recientes y la evolución probable del paciente sin tratamiento. Bajo este enfoque, la internación seguirá siendo considerada un recurso excepcional, aunque necesario para resguardar la vida y la salud.
El texto también establece modificaciones en los procedimientos. En casos de urgencia, un médico psiquiatra podrá disponer la internación involuntaria, que deberá ser confirmada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. A su vez, se amplía el plazo de notificación al Poder Judicial, que pasará de 10 a 24 horas.
En cuanto a las internaciones voluntarias, se contempla la posibilidad de que, ante un pedido de alta, si se determina que el paciente no se encuentra en condiciones de decidir por sí mismo, el proceso se transforme en involuntario con la correspondiente intervención judicial.
Además, se prevé una mayor participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, sumando áreas técnicas específicas para reforzar las tareas de control y supervisión. Desde la cartera sanitaria indicaron que el proyecto fue elaborado con aportes de familiares, pacientes, profesionales y representantes del ámbito judicial y legislativo, quienes contribuyeron a identificar los principales obstáculos del sistema actual.
Cambios en el término de "padecimiento mental"
El diagnóstico oficial señala que las limitaciones en infraestructura, recursos humanos y condiciones de seguridad dificultan la atención de casos complejos en hospitales generales. En ese sentido, se subraya la existencia de 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas, lo que —según el Gobierno— evidencia la necesidad de sostener dispositivos especializados. Episodios recientes registrados en hospitales como Posadas, Clínicas, Mi Pueblo y El Carmen son citados como ejemplos de estas falencias.
Frente a este escenario, la reforma plantea la consolidación de una red de atención integral en salud mental, articulada en distintos niveles de complejidad. El esquema incluye hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios, abordajes comunitarios y residencias asistidas.
En el plano conceptual, el Ministerio de Salud propone reemplazar el término "padecimiento mental" por categorías basadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sus actualizaciones), con el fin de lograr mayor precisión diagnóstica y evitar demoras en la intervención.
La iniciativa también incluye medidas para modernizar la gestión del sistema, mediante el fortalecimiento de registros como el Resam y el Refes, herramientas consideradas clave para relevar información sobre infraestructura, disponibilidad de camas y cantidad de pacientes.
El cierre de hospitales psiquiátricos
Otro de los puntos relevantes es la revisión del proceso de cierre de hospitales psiquiátricos. El Gobierno considera que la política de desinstitucionalización impulsada por la ley sancionada en 2010 no logró implementarse de manera homogénea en todo el país.
Actualmente, solo 16 de las 23 provincias adhirieron formalmente a la normativa, mientras que la disponibilidad de servicios y camas de salud mental presenta marcadas desigualdades entre jurisdicciones.
