La Legislatura de la provincia de Buenos Aires atraviesa uno de los períodos de menor actividad parlamentaria de los últimos años. A pesar de contar con un presupuesto de $378.004 millones para el ejercicio 2026, equivalente a más de $1.000 millones diarios de gasto de funcionamiento, durante el primer semestre del año apenas se registraron cuatro reuniones formales entre ambas cámaras, incluyendo la Asamblea Legislativa de apertura de sesiones, que tiene carácter protocolar.
La situación resulta particularmente llamativa en el Senado bonaerense, que directamente no celebró ninguna sesión ordinaria en lo que va del año. Mientras tanto, la Cámara de Diputados sesionó apenas dos veces desde el inicio del período legislativo, en un contexto marcado por fuertes disputas políticas y dificultades para alcanzar acuerdos internos.
El contraste entre el elevado costo de sostenimiento del Poder Legislativo y la escasa producción parlamentaria alimenta cuestionamientos sobre el funcionamiento de una estructura integrada por 138 legisladores, entre diputados y senadores, que representan a las ocho secciones electorales de la provincia más poblada del país.
Un año casi sin actividad legislativa
La única actividad conjunta de ambas cámaras ocurrió el 2 de marzo, cuando se realizó la tradicional Asamblea Legislativa de apertura de sesiones ordinarias. En esa oportunidad, la vicegobernadora Verónica Magario presidió el acto institucional en el que el gobernador Axel Kicillof brindó su discurso anual ante legisladores, funcionarios e invitados especiales.
Sin embargo, esa ceremonia no implica tratamiento de proyectos ni debate legislativo. Se trata de una instancia formal prevista por la Constitución provincial para inaugurar el período ordinario. A partir de allí, la actividad parlamentaria fue mínima.
La Cámara de Diputados recién tuvo su primera sesión ordinaria el 28 de mayo. En aquella jornada se debatió sobre tablas el rechazo a las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional en el régimen de Zona Fría, un sistema de subsidios que beneficia a millones de usuarios del servicio de gas natural en distintas regiones del país.
Además, se aprobó la denominada "Ley Joaquín", una iniciativa orientada a reforzar mecanismos de prevención y control frente a situaciones de violencia y abuso contra menores, impulsada a partir de un caso que tuvo amplia repercusión pública.
La segunda y última sesión de Diputados se realizó el 11 de junio. Lejos de estar centrada en proyectos legislativos de relevancia institucional, la jornada estuvo dominada por una fuerte confrontación política entre oficialismo y oposición.
El principal punto de conflicto fue el intento opositor de convocar a funcionarios provinciales para que brindaran explicaciones sobre la situación financiera y prestacional de IOMA, la obra social de los empleados públicos bonaerenses. El oficialismo utilizó su mayoría circunstancial para bloquear el avance de una sesión especial destinada a interpelar a las autoridades del organismo.
El Senado, paralizado por completo
La situación del Senado provincial es todavía más llamativa. Desde el inicio del período legislativo no se realizó ninguna sesión ordinaria. La única reunión en el recinto tuvo lugar el 26 de marzo y fue una sesión especial convocada para conmemorar el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Fuera de ese encuentro de carácter institucional y conmemorativo, la cámara alta no volvió a reunirse para tratar proyectos, designaciones o iniciativas legislativas.
Las principales fuentes políticas atribuyen la parálisis a las dificultades para acordar el reparto de las comisiones internas, espacios fundamentales para el tratamiento previo de los expedientes antes de llegar al recinto.
Paradójicamente, el oficialismo cuenta en el Senado con una posición privilegiada. Fuerza Patria posee 24 de las 46 bancas, lo que le garantiza quórum propio y mayoría suficiente para habilitar sesiones sin depender de acuerdos con bloques opositores.
Sin embargo, las negociaciones internas y las tensiones derivadas de la reorganización política posterior a las elecciones de 2025 terminaron postergando el funcionamiento normal de la cámara.
La composición actual del Senado muestra al peronismo con 24 escaños, seguido por la alianza La Libertad Avanza-PRO con 16 representantes. Los bloques Unión y Libertad y Somos-UCR reúnen cinco bancas, mientras que un legislador responde a una fuerza independiente.
Una estructura de $378.000 millones
Mientras la actividad legislativa se reducía al mínimo, el presupuesto asignado al Poder Legislativo para 2026 alcanzó cifras récord.
El total aprobado asciende a $378.004 millones, equivalente a aproximadamente el 0,9% del presupuesto general de la provincia de Buenos Aires.
La Cámara de Diputados dispone de $222.800 millones, mientras que el Senado cuenta con $156.204 millones.
En promedio, el funcionamiento de la Legislatura demanda más de $1.035 millones por día, independientemente de que exista o no actividad parlamentaria efectiva en el recinto.
El sistema legislativo bonaerense está integrado por 92 diputados y 46 senadores. Si se distribuye el presupuesto total entre las 138 bancas, el costo anual promedio por legislador alcanza los $2.739 millones.
Traducido a valores diarios, cada banca implica una erogación superior a los $7,5 millones por jornada.
Buena parte de esos recursos no se destinan exclusivamente a salarios de legisladores. El esquema se sostiene mediante un complejo sistema de módulos presupuestarios —valuados actualmente en $6.000 cada uno— que financian asesores, estructuras administrativas, despliegue territorial, equipos técnicos y gastos operativos de los distintos bloques políticos.
Internas, elecciones y agenda congelada
La explicación política detrás de este semestre perdido combina varios factores. Por un lado, las disputas internas dentro del oficialismo y de la oposición han dificultado la construcción de consensos para ordenar el funcionamiento parlamentario.
Por otro, el calendario electoral y la reconfiguración de fuerzas tras los comicios legislativos de 2025 generaron una etapa de transición en la que numerosos dirigentes concentraron sus esfuerzos en la negociación de cargos, autoridades y espacios de poder.
La Cámara de Diputados quedó conformada con Fuerza Patria como primera minoría, con 39 bancas, seguida por la alianza La Libertad Avanza-PRO con 30. Más atrás aparecen Somos-UCR con siete representantes, el Frente de Izquierda con dos y una constelación de bloques menores y monobloques que reúnen 14 escaños.
Esa fragmentación obliga a negociaciones permanentes para construir mayorías circunstanciales, especialmente en temas sensibles. Sin embargo, la baja frecuencia de las sesiones muestra que la dificultad para alcanzar acuerdos terminó derivando en una virtual paralización institucional.
A pocas semanas de finalizar el primer semestre, el balance es contundente: una Legislatura que consume más de mil millones de pesos por día tuvo apenas dos sesiones ordinarias en Diputados y ninguna en el Senado. Un escenario que expone las tensiones de la política bonaerense y reabre el debate sobre la eficiencia, los costos y el rendimiento de una de las estructuras legislativas más grandes y costosas del país.
