Este lunes, la jueza federal María Eugenia Capuchetti sobreseyó al expresidente Mauricio Macri, su exasesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, y otros exfuncionarios en la conocida causa de la «Mesa Judicial». El caso investigaba presuntas presiones a jueces para influir en fallos y generar causas contra la oposición durante el gobierno anterior.
La lista de absueltos, liderada por el expresidente, incluye a Germán Garavano (exministro de Justicia), Pablo Clusellas (exsecretario Legal y Técnico), Graciela Ocaña (exdiputada y actual legisladora porteña), Juan Bautista Mahiques (procurador de la Ciudad en ese período), Jorge Triaca (exministro) y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien enfrenta otro proceso judicial bajo la investigación de la jueza María Servini.
La decisión de sobreseimiento se originó a raíz de una excepción de falta de acción presentada por Garavano y avalada por Capuchetti-la misma magistrada que investiga el atentado a la exvicepresidenta Cristina Kirchner — antes del inicio de la feria judicial. A pesar de la apelación de la fiscalía, argumentando la premura del sobreseimiento ante pruebas pendientes, la Cámara Federal deberá pronunciarse sobre su confirmación o revocación.
El caso se inició en 2018 y se amplió con “diversas y numerosas denuncias, ampliaciones de denuncias y testimonios de distintos expedientes”, explicó la jueza en su resolución.
La magistrada Capuchetti valoró las declaraciones de los jueces supuestamente presionados, resaltando que testificaron tras finalizadas las supuestas presiones o su participación en los casos intervenidos. Según su criterio, «estas declaraciones fueron coherentes y alineadas con sus decisiones judiciales, evidenciando que no fueron influenciadas por las presiones alegadas».
En sus palabras, “no se trata de víctimas que años después podrían reinterpretar vivencias delictivas, sino de magistrados y fiscales, conocedores del derecho y con la responsabilidad de denunciar la existencia de un delito”.
Capuchetti también sostuvo que no se evidencia que los magistrados, aunque no denunciaron, se hayan apartado de los casos bajo presión para asegurar su imparcialidad.
Esta resolución marca un hito en un caso que generó un debate sobre la imparcialidad en el sistema judicial y el uso político de la justicia en Argentina.
