La Cámara de Diputados de Argentina vivió una jornada con un debate que promete marcar un antes y un después en la legislación penal juvenil del país. El Gobierno libertario impulsó un proyecto para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, lo que provocó una fuerte reacción de la oposición, especialmente del kirchnerismo.
El oficialismo presentó el dictamen de mayoría respaldado por varios aliados y bloques dialoguistas, y también aprovechó la sesión para tratar la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Sin embargo, el foco estuvo puesto en la polémica sobre el régimen penal adolescente.
Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, anticipó que su espacio votará en contra del proyecto. Martínez explicó: “Hoy nuestro bloque define su voto en contra del dictamen de la mayoría” y agregó que, aunque apoyan la discusión sobre un régimen penal adolescente, la cuestión no puede limitarse a la edad de imputabilidad.
El legislador destacó la importancia de un enfoque integral que contemple delitos graves, financiamiento adecuado y plazos razonables para implementar la ley, con el fin de contar con todas las herramientas necesarias para abordar la problemática de los menores no punibles.
Victoria Tolosa Paz, también desde Unión por la Patria, lanzó duras críticas contra Patricia Bullrich, señalada como la principal promotora del proyecto. Tolosa Paz recordó que “cuando abordamos la cuestión penal seguimos refiriéndonos a niños, niñas y adolescentes, en tanto son el sujeto que queremos reconocer, porque así lo dicta la Constitución Nacional y la Convención Internacional sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes”.
La diputada agregó que la Constitución, en su observación 24, contradice la iniciativa oficialista y calificó la propuesta como “un mamarracho jurídico” y “una campaña de marketing”. En sus palabras, Bullrich “comenzó esto en una campaña de marketing diciendo: ‘Delito de adulto, pena de adulto’”.
Este cruce refleja la profunda división política y social que genera la intención de modificar la edad de imputabilidad en Argentina, un tema que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre cómo abordar la justicia juvenil y los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley.
