La figura del ex presidente Alberto Fernández se vio nuevamente afectada luego del reciente informe que publicó el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que aborda la situación de los derechos humanos en el mundo y, en su análisis sobre la Argentina, alerta sobre la corrupción que tuvo lugar durante el Gobierno predecesor a Javier Milei.
El documento remarca que, si bien la ley argentina contempla sanciones penales por corrupción de funcionarios, el Gobierno no las implementó de manera efectiva. En el mismo se mencionan y detallan numerosos informes de corrupción gubernamental, indicando que las instituciones débiles y un sistema judicial politizado dificultaron los intentos de frenar esta problemática.
Esto se da en medio del escándalo de los seguros, en el que se ve involucrado directamente el ex mandatario junto a diferentes brokers cercanos a su entorno que habrían recibido millonarias comisiones por oficiar de intermediarios entre organismos estatales. La causa se encuentra abierta hace tan solo unos meses y cada día se profundiza más en las irregularidades.
Durante el informe se menciona el particular caso de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a otros implicados, acusados de recibir y pagar sobornos en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015.
La sentencia preliminar había condenado a Cristina Fernández a seis años de prisión, multa e inhabilitación perpetua para cargos públicos. A pesar de esto, aún la sentencia no es definitiva.
También se destaca el caso del ex juez federal Walter Bento, acusado de liderar una organización criminal con vínculos con el narcotráfico. El ex juez fue puesto en prisión preventiva tras perder sus privilegios de inmunidad y ser destituido de su cargo por mal desempeño de funciones.
Por último, el documento también detalla los desmanejos en las fuerzas de seguridad, donde se ha detectado corrupción y complicidad oficial, incluyendo extorsión y protección a involucrados en actividades ilícitas como el tráfico de drogas y la trata de personas.
