El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 rechazó la medida cautelar que buscaba suspender la Audiencia Pública Ambiental convocada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), de esta manera se habilita la continuidad del proceso para debatir la renovación de la concesión del sistema de navegación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, clave para las exportaciones argentinas.
La acción judicial había sido presentada por la Fundación Cauce, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Asociación de Abogados Ambientalistas, quienes sostenían que la convocatoria no cumplía con los estándares de participación ciudadana establecidos por la legislación nacional y el Acuerdo de Escazú. Sin embargo, el tribunal determinó que no existían pruebas de una lesión concreta a los derechos invocados ni irregularidades sustanciales en el procedimiento.
En su resolución, el juez aclaró que la audiencia pública no implica la aprobación de obras ni decisiones finales sobre la licitación, sino que constituye una instancia previa para exponer el Informe de Gestión y Evaluación Ambiental de la Vía Navegable Troncal (VNT).
El fallo destacó que la agencia cumplió con los requisitos de difusión y transparencia previstos en el Decreto 1172/2003, al publicar la convocatoria en el Boletín Oficial, en dos diarios de circulación nacional y en su sitio web institucional. También se garantizó un mecanismo abierto de inscripción ciudadana, sin restricciones, y se dispuso que toda la documentación del proceso esté disponible en línea para su consulta.
Desde el sector agroexportador celebraron la decisión judicial y subrayaron la importancia estratégica de la Hidrovía para la economía nacional. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) recordaron que por esta vía fluvial circula más del 80% de las exportaciones agrícolas del país y que el mantenimiento del canal es esencial para preservar la competitividad del transporte de granos y subproductos.
El proceso licitatorio que continuará tras la audiencia incluirá la modernización, ampliación y mantenimiento del sistema de señalización y las obras de dragado, consideradas vitales para garantizar la seguridad y el calado de los buques. El magistrado recordó que el Decreto 699/2024 declaró estas actividades como servicio público nacional, otorgándoles un carácter estratégico para el interés general.
En su análisis técnico, el juez señaló que para conceder una medida cautelar deben verificarse la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, además de una contracautela conforme al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Consideró que suspender la audiencia habría generado un perjuicio grave al interés público, demorando un proyecto de alto impacto para el país.
La Hidrovía Paraná-Paraguay constituye el principal corredor fluvial argentino, con 3.442 kilómetros de extensión a lo largo de siete provincias y el tránsito anual de unos 4.000 buques de ultramar. Su funcionamiento eficiente resulta clave para reducir costos logísticos y potenciar el desarrollo económico regional.
