Las empresas operadoras de líneas de colectivo y el sindicato UTA se encaminan este lunes a una colisión por el reclamo de pagos salariales. Las empresas, según afirman, no pueden afrontar los salarios demandados, y crece la amenaza de un paro de transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El gremio había anunciado que este lunes podría llevar adelante una medida de fuerza que deje a millones de pasajeros sin colectivos, en caso de que las empresas se nieguen a pagar el incremento del 34 por ciento que demandan para el pago de los choferes con respecto a lo pagado en febrero. El aumento pretendido implicaría llegar a un básico de 987.000 pesos.
Según afirmó Luciano Fusaro, vicepresidente de Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA), una de las cámaras que negocian las paritarias con los sindicatos, sólo pueden pagar $737.000, el mismo salario que en febrero (aunque ese mes se pagó una suma no remunerativa por única vez de $250.000 que ahora el gremio reclama incorporar al sueldo).
La negociación salarial aún en marcha no fue firmada. La paritaria solo contempló los salarios de enero y febrero, pero esa conversación incluyó, como anticipo, que en marzo la base salarial para un chofer debería ser esos $987.000 mensuales. Como ese convenio aún no fue rubricado, el envío de subsidios por parte de la Secretaría de Transporte se estimó con un cálculo salarial de $737.000 de básico por conductor. Es decir que hay una brecha de $250.000 por trabajador no cubierta por subsidios y que las empresas afirman no poder afrontar. También afirman que “hay otros errores de cálculo debidamente presentados que hace que falten al menos 30% de la cobertura de costos contra la suma de tarifa y subsidios”. Entre esos cálculos incorrectos incluyen el de la cantidad de pasajeros proyectados que utilizan el transporte, que termina por definir parte de la masa de fondos que bajan desde la Secretaría. Según estimaciones de AAETA, se presupuestó un “descuento” de subsidios para 2024 que proyectaba los datos de 2023, pero este año la cantidad de pasajeros fue 10,4% en marzo para los días hábiles.
Según manifestaron desde AAETA, “las empresas reciben subsidios con un cálculo basado en 737.000 pesos, pero UTA reclama en base a dicha cláusula 987.000 pesos. La diferencia (250.000) por cada cápita (50.000) son cerca de 12.500 millones de pesos que faltan. Entonces las empresas no pueden honrar un monto, ni aunque jurídicamente sea válido, ya que al no fijar tarifa ni subsidios, la Secretaría de Transporte no aportó dicho valor al cálculo de costos. Ergo falta ese dinero”. En AAETA creen que esta situación conducirá a un paro. Los salarios de los choferes se depositarán hoy durante la tarde. Según el monto que cobren los trabajadores, UTA podría resolver ir hacia adelante con la medida de fuerza.
El pasado jueves, UTA envió una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, con una advertencia de posibles “medidas extremas”. “En el marco de las paritarias del sector, se acordó con las Cámaras Empresarias del AMBA, signatarias del Convenio Colectivo de la actividad, la nueva escala salarial para los trabajadores. Dicho acuerdo ha sido homologado por la Secretaría de Trabajo con fecha 19 de febrero pasado”, manifestó el sindicato en el documento.
“No obstante, el sector empresario manifiesta que no puede asumir el pago de los salarios del mes de marzo en las condiciones convenidas, debido a motivos de índole económica que atribuyen a las decisiones de la Secretaría de Transporte. Con esta posición del sector empresario, nuestros trabajadores estarían cobrando un salario significativamente menor al percibido por el mes de febrero”, agregaron desde el gremio.
“Como es de su conocimiento los salarios deben abonarse el cuarto día hábil de cada mes: su falta de pago en tiempo y forma, impide a la autoridad de Trabajo dictar una conciliación obligatoria por lo cual, ninguna responsabilidad le puede caber a nuestro gremio por las consecuencias de una situación que corresponde a cuestiones entre la Secretaría de Transporte y el sector empresario”, puntualizaron, y concluyeron: “Entendemos que solo a través de la intervención debida de los funcionarios con competencia en el área, es que resultara posible solucionar los problemas, en este caso debería la Secretaria de Transporte convocar a todas las partes involucradas y evitar que medidas extremas, no deseadas por las partes, afecten la necesaria paz social”, concluyeron.
Desde la Secretaría de Transporte aseguraron que es “obligación de las empresas” cumplir con lo acordado con la UTA. “La Secretaria de Transporte de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía, se encuentra al día con el pago de los subsidios a las empresas de transporte automotor del AMBA. Y seguirá cumpliendo con el pago de los fondos previstos y correspondientes para las empresas, lo cual se viene realizando en tiempo y forma”.
“Es obligación, por parte de las empresas, cumplir con el pago salarial a sus empleados. Respecto al reclamo que realiza la UTA sobre las sumas que habrían sido acordadas en una paritaria con la patronal, la Secretaría de Transporte no tiene ninguna responsabilidad por no ser parte del acuerdo”, mencionaron en un comunicado.
