El juez federal Ariel Lijo dispuso una nueva medida en la causa que investiga los vuelos privados a Punta del Este utilizados durante el feriado de Carnaval por el jefe de Gabinete y su familia.
El magistrado ordenó el peritaje de las comunicaciones entrantes y salientes del empresario vinculado a la TV Pública, Marcelo Grandio, con el objetivo de esclarecer el origen de los fondos que financiaron el viaje.
En esa línea, también se dispuso analizar los contactos entre Grandio y Horacio Silva, titular de la productora Imhouse, así como requerir los expedientes completos de los contratos vigentes entre esa firma y la TV Pública.
De acuerdo con los elementos incorporados al expediente, Grandio habría sido quien abonó los vuelos privados de la familia de Adorni hacia Uruguay.
En ese marco, la gerenta comercial de Jag Executive Aviation, Vanesa Tossi, declaró ante la Justicia que el empresario solicitó una cotización para “invitar a una familia” a Punta del Este. Según su testimonio, “facturó únicamente el tramo de ida a nombre de Imhouse” y abonó el regreso en efectivo, en un intento por evitar la facturación total del servicio.
Esta versión contradice la declaración pública del funcionario, quien “había afirmado que él mismo había costeado los pasajes de su familia”.
La investigación, a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita, busca establecer si los vuelos estuvieron vinculados a beneficios obtenidos por Imhouse en sus contratos con el Estado. En ese sentido, la TV Pública —que depende de la Jefatura de Gabinete— confirmó que mantiene al menos seis contratos vigentes con la productora desde 2024.
Frente a este escenario, Lijo amplió los requerimientos de información para conocer los ingresos generados por esos acuerdos, el circuito administrativo de la documentación y los funcionarios que intervinieron en cada instancia.
Además, el juez impuso a Grandio una restricción de contacto con la testigo Tossi, luego de que denunciara haber recibido llamados y mensajes de presión durante su declaración. Con el peritaje telefónico, el magistrado busca detectar posibles comunicaciones relevantes y eventuales coincidencias en otros viajes entre el empresario y el jefe de Gabinete.
En paralelo, el fiscal Pollicita había solicitado días atrás una batería de medidas para profundizar la investigación. Entre ellas, el acceso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) al expediente, pedidos de información a la Dirección Nacional de Migraciones y requerimientos a la empresa propietaria de la aeronave utilizada.
Uno de los puntos centrales del dictamen incluye un pedido a Migraciones para que remita los registros completos de egreso y reingreso al país de Adorni y Grandio desde el 1° de enero de 2023 hasta la actualidad.
El requerimiento también alcanza a la esposa del vocero presidencial, Bettina Julieta Angeletti, y a otras personas que habrían integrado los vuelos investigados, con especial foco en los desplazamientos realizados entre el 12 y el 17 de febrero de 2026.
