El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, confirmó que el gobierno monitorea el ataque atribuido a fuerzas cubanas contra una lancha con matrícula de Florida, un episodio que dejó cuatro muertos y al menos seis heridos.
Consultado por la prensa, Vance advirtió que aún no existe un panorama completo y expresó su expectativa de que “no sea tan grave como tememos”. En esa línea, remarcó que la prioridad es reconstruir lo ocurrido antes de adoptar una posición definitiva y subrayó que “no puede decir más porque simplemente no sabe más”.
En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que Washington analiza el incidente, aunque aclaró que por ahora gran parte de la información disponible proviene de las autoridades cubanas. “A medida que reunamos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia”, afirmó. Ante la consulta sobre un eventual vínculo oficial con la embarcación, respondió: “No”.
Según el Ministerio del Interior de Cuba, una unidad de las Tropas Guardafronteras interceptó la lancha cerca del canalizo El Pino, en cayo Falcones. El comunicado oficial señaló que los ocupantes habrían abierto fuego durante el procedimiento de identificación, lo que derivó en la respuesta armada. Como resultado, murieron cuatro tripulantes, otros seis resultaron heridos y también fue alcanzado un comandante cubano.
Mientras el gobierno federal avanza en la recopilación de datos, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció el inicio de una investigación estatal en coordinación con agencias federales. “He ordenado a la Oficina Estatal de la Fiscalía que trabaje con nuestros socios federales, estatales y de aplicación de la ley para iniciar una investigación. No se puede confiar en el Gobierno cubano y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que estos comunistas rindan cuentas”, publicó.
El caso generó una rápida reacción en el Congreso estadounidense. El legislador Carlos Giménez reclamó “una investigación inmediata de esta masacre” y exigió determinar si alguna de las víctimas era ciudadana estadounidense o residente legal. “El régimen en Cuba debe relegarse al basurero de la historia por sus incontables crímenes contra la comunidad”, sostuvo.
