La Justicia de los Estados Unidos dejó suspenso la orden de la jueza Loretta Preska que obliga a la Argentina a entregar el 51% del paquete accionario que el Estado tiene en YPF mientras apela la sentencia en su contra. El país tampoco estará obligado a depositar una garantía.

“Esta decisión garantiza que la República Argentina conserve la participación mayoritaria del Estado Nacional en la compañía mientras avanza la apelación, constituyendo un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos”, afirmó la Procuración del Tesoro.

El Gobierno ya había anunciado que, en caso de que la Corte de Apelaciones no suspendiera la entrega de las acciones, planeaba recurrir a la Corte Suprema para evitar cumplir con esa solicitud, lo cual ya no será necesario.

En junio, luego de la orden de Preska, la Argentina había solicitado suspender ese pedido hasta tanto se resolviera la apelación de fondo. La Cámara de Apelaciones hizo lugar a eso y suspendió temporalmente lo dispuesto por la jueza de Nueva York, ientras que ahora se supo la decisión definitiva.

Además de los dos extremos (hacer lugar al pedido de la Argentina o rechazarlo), había una posibilidad en el medio, que era que la Cámara podía otorgar la medida cautelar, pero reclamar que la Argentina deposite alguna garantía mientras se desarrolla la apelación de fondo.

Finalmente, el resultado fue el más favorable para el país, que insistía en que no planeaba presentar ninguna garantía y mantenían la postura de no negociar con los demandantes siempre que queden instancias judiciales por agotar.

En paralelo, la Argentina continúa el proceso de apelación del fallo original de primera instancia, que obliga al país a indemnizar con16.100 millones de dólares a los accionistas minoritarios al momento de la estatización concretada durante la segunda gestión de Cristina Kirchner.