La causa que investiga graves denuncias de abusos sexuales, privación ilegal de la libertad y amenazas en el Senado bonaerense tuvo este viernes una audiencia decisiva en La Plata. Ante el juez de Garantías Juan Pablo Masi, la fiscal Betina Lacki ratificó el pedido de prisión preventiva para Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, ambos empleados legislativos y referentes políticos, señalados como líderes de un entramado de violencia sexual y manipulación psicológica que habría operado durante años bajo una fachada política.

La audiencia se desarrolló en dos tramos bien diferenciados y estuvo atravesada por un fuerte reclamo de las víctimas para que se preserve su intimidad y la reserva del expediente.

El testimonio de las víctimas y el pedido de máxima reserva

En el primer tramo declararon dos de las víctimas, cuyas identidades se mantienen bajo estricta reserva. Ambas expresaron ante el juez su malestar y angustia por la filtración de chats privados a medios de comunicación, una situación que, según relataron, volvió a exponerlas y les generó un profundo daño emocional.

Frente a ese planteo, el juez Masi solicitó formalmente a la fiscalía que la investigación se mantenga bajo la máxima reserva, con el objetivo de proteger a las denunciantes y garantizar el normal avance del proceso judicial.

Las jóvenes estuvieron acompañadas por sus abogados, Andrés Noetzly e Ignacio Fernández Camillo, quienes remarcaron la gravedad de los hechos denunciados y la necesidad de evitar cualquier tipo de revictimización.

La fiscal sostuvo el pedido de preventivas

En el segundo tramo de la audiencia, la fiscal Betina Lacki sostuvo el pedido de prisión preventiva para ambos acusados, una medida que ya había solicitado el miércoles y que consideró indispensable tanto por la solidez de las pruebas reunidas como para resguardar a las víctimas y evitar entorpecimientos en la investigación.

Según expuso la fiscal, la causa reúne elementos suficientes para mantener detenidos a Rodríguez y Silva Muñoz mientras continúa el proceso: testimonios coincidentes, documentación, correos electrónicos, informes médicos y la intervención de distintos organismos estatales.

La Justicia de La Plata investiga a los acusados por haber encabezado un esquema de abusos sexuales agravados, amenazas y privación ilegal de la libertad, con un modus operandi que combinaba violencia física, coerción y manipulación psicológica.

Una supuesta secta y ramificaciones políticas

De acuerdo con lo señalado en el expediente judicial, las conductas atribuidas a los imputados no se limitaron a hechos aislados, sino que se habrían sostenido en el tiempo mediante la instrumentalización de una supuesta secta denominada “Orden de la Luz”.

Según la fiscalía, esa estructura tuvo un impacto directo en la salud mental de las víctimas y podría haber tenido ramificaciones dentro del entorno político provincial. Bajo la fachada de la agrupación política Movimiento Ciudadano La Capitana, dirigida por Rodríguez y Silva Muñoz, se habría desplegado una metodología específica de cooptación y sometimiento.

Las denuncias abarcan hechos ocurridos entre 2015 y 2023. En total, se documentaron nueve hechos con cuatro mujeres como denunciantes: dos presentaron sus casos en 2019 y otras dos en 2025, todos bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de La Plata.

Según las imputaciones, las víctimas eran jóvenes, en su mayoría adolescentes o recién mayores de edad, a quienes los acusados ofrecían oportunidades educativas o laborales como forma de acercamiento inicial.

El patrón de abuso y sometimiento

Entre los argumentos que tuvo en cuenta el juez para dictar la primera orden de detención en diciembre pasado, figura la utilización de violencia sexual y coerción prolongada, agravada por amenazas y manipulación psicológica.

Los testimonios describen un patrón reiterado de sometimiento sexual, presiones y control. Dos de las víctimas principales relataron episodios consistentes ante la fiscalía, con detalles que se repiten en tiempo y modalidad.

Una de ellas declaró que conoció a Nicolás Rodríguez en 2016, cuando él tenía 33 años y se desempeñaba como ayudante de un profesor, mientras ella aún cursaba la escuela secundaria. Según su testimonio, Rodríguez y Silva Muñoz utilizaron su influencia y la promesa de participación en actividades legislativas para ganar su confianza. Luego comenzaron los encuentros y, más tarde, los abusos sexuales, a veces mediante amenazas directas y en otras a través de manipulación psicológica.

Uno de los mecanismos recurrentes, según las denuncias, era convencer a las víctimas de que su participación sexual era necesaria para el “equilibrio espiritual” y para satisfacer a quien se autodefinía como “Kiei”, el supuesto líder de la secta.

Otra de las denunciantes relató que, tras un primer contacto en un encuentro de politólogos en el Senado bonaerense, Rodríguez le ofreció una pasantía. Ese acercamiento derivó en una reunión en la que, según declaró, fue sometida a abusos sexuales bajo presión, sin que su rechazo fuera respetado. Posteriormente, Rodríguez y Silva Muñoz la integraron a una relación sexual forzada de tríada.

Amenazas, correos y violencia extrema

Ambas jóvenes relataron que, con el paso de los años, la presión se intensificó e incluyó maniobras de acoso, amenazas contra sus familias y mensajes insistentes en los que se advertía que romper el vínculo traería consecuencias negativas.

Una de ellas aportó más de 260 correos electrónicos enviados durante años, a distintas horas, con alertas, órdenes de obediencia a la “Orden” e instrucciones para presentarse en determinados lugares. En esos mensajes, el líder se presentaba como un ser sobrenatural y establecía directivas vinculadas al sexo grupal.

El dictamen fiscal también detalla episodios de violencia explícita, uso de armas blancas y prácticas de control psicológico y físico. Entre los hechos más graves, una denunciante relató que, tras una discusión, fue obligada a practicar sexo oral bajo amenaza con cuchillos. En otra ocasión, dijo haber sido atada de manos y pies dentro de una combi, sin posibilidad de escapar.

Medidas de protección y lo que viene

La investigación cuenta también con informes médicos, denuncias previas y la intervención de organismos estatales como el Ministerio de las Mujeres y la Dirección de Género del Senado bonaerense. Si bien se dictaron restricciones de acercamiento, las víctimas manifestaron dificultades para que esas medidas se cumplan de manera efectiva.

Tras la audiencia de este viernes, el juez Juan Pablo Masi deberá ahora resolver si hace lugar al pedido de prisión preventiva formulado por la fiscalía o si ordena la libertad de Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz mientras continúa el proceso judicial.

La decisión será clave en una causa que expone una trama de extrema gravedad y que sacude de lleno al ámbito político y legislativo de la provincia de Buenos Aires.