Díaz-Canel defendió el derecho de Cuba a responder ante un eventual ataque y acusó a Washington de preparar el escenario político para una intervención.
“Cuba aseguró que no financia organizaciones terroristas", remarcaron funcionarios estadounidenses en un comunicado.
Su familia denunció el caso ante una ONG y alegó que el proceso judicial presentó irregularidades.
La medida busca debilitar una de las principales fuentes energéticas del régimen cubano y proteger los intereses estratégicos estadounidenses.
La confirmación marca un giro significativo, ya que tanto La Habana como Caracas habían evitado hasta ahora reconocer públicamente el despliegue de militares cubanos en tareas de seguridad interna.
