La frase “Estado presente” es una de las muletillas más repetida desde el gobierno provincial de Axel Kicillof, pero en los hechos se corporizan como palabras vacías. En un caso despojado de toda humanidad funcionarios bonaerenses que responden al ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés “Cuervo” Larroque evitaron darle asistencia inmediata a una mujer y sus hijas, todas víctimas de abuso sexual y violencia machista de todo tipo.
En el marco de una investigación Penal la justicia solicitó asistencia para una madre y sus hijas que durante años padecieron todo tipo de tormentos sexual, pero la respuesta que recibieron fue increíble: no iban a tomar el caso con la rapidez necesaria escudados en el paro general realizado este jueves 9 de mayo de 2024 y que recién se ocuparán “el lunes” 13, confirmaron fuentes del caso a Borderperiodismo.
En la línea de fuego quedaron involucrados la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, Nancy Andrea Cáceres, funcionaria del ministerio que conduce el ex camporista Larroque. También están en la mira los funcionarios Leonardo Burgos y Viviana Gotta.
CRÓNICA DE UN ESTADO AUSENTE
Un juez de La Plata ordenó la detención de un sujeto acusado de aberrantes delitos sexuales del que fueron víctimas su pareja y una de sus hijas. La causa se inició por la denuncia de un sacerdote a quien una de las víctimas le reveló, fuera del secreto de confesión, el calvario que estaban padeciendo.
La identidad del acusado se mantendrá en reserva para preservar la intimidad y honor de las mujeres que fueron víctimas de los tormentos sexuales y violencia a la que fueron sometidas durante muchos años.
Además de los abusos sexuales la mujer y sus hijas fueron víctimas de violencia física, psicológica y económica. También, se sospecha, el depravado embarazó a una de sus hijas que fue madre a muy temprana edad.
Los testimonios que figuran en el expediente son desgarradores. Tras analizar todo el expediente la fiscal del caso solicitó la detención que fue avalada por el juez Pablo Raele, titular del Juzgado de Garantías 3 de La Plata.
EL TESTIMONIO QUE INICIÓ TODO
La investigación se abrió tras la declaración del sacerdote a cargo de la parroquia a la que acudían las hijas del acusado como parte de su círculo social. El clérigo generó un clima de confianza con las niñas y logró que una de ellas, fuera del secreto de confesión, narrara escenas de extremo dramatismo.
En su exposición el testigo señaló que el detenido “viene perpetrando en forma sistemática con diferentes miembros de la familia y a lo largo de las diferentes generaciones” toda clase de abusos: sexuales, económicos, de poder y psicológicos.
El cura se acercó hasta la sede de fuero Penal de La Plata y dejó su testimonio ante la fiscal Betina Lacki, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 2 de la capital bonaerense.
Con ese testimonio más la declaración de testigos, requirió la detención de G. G quien quedó procesado por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, todos ellos en concurso real” delito que tiene una pena en expectativa que supera ampliamente los 20 años de prisión.
VÍCTIMAS A LA DERIVA
Antes de acudir a la justicia el sacerdote buscó ayuda en otro sector del Estado. “Todos estos hechos yo los he expuesto ante el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Magdalena”, pero no encontraron respuesta por parte de ese municipio.
Desde la Justicia se solicitó la intervención del Organismo provincial de la Niñes y Adolescencia desde donde les dijeron que “por el paro general” registrado ayer 9 de mayo no podían hacer nada hasta el día lunes 13.
En medio de esa burocracia quedó una mujer y sus hijas abusadas, sin la contención necesaria para este tipo de casos del que fueron víctimas durante varios años, hasta que una de ellas atravesó todos sus medios y logró pedir ayuda. Una fiscal y un juez lograron que cese el calvario, pero ahora es el momento de comenzar a reparar la vida de estas personas que no cuentan con los medios económicos para afrontar esta nueva etapa, solas y vulnerables. Dependían económicamente de su abusador.
CONVENIO CON UNICEF
Mientras se desarrolla esta dramática historia son solución para la mujer y sus hijas menores de edad abusada el gobernador Kicillof junto a Luisa Brumana (representante de UNICEF Argentina) “firman las cartas de compromiso entre intendentes y el organismo en el marco del programa Municipio Unido por la Niñez y Adolescencia de UNICEF (MUNA)”, se informó oficialmente.
Además, los municipios que adhirieron en la primera etapa reciben el reconocimiento de “Municipio candidato” otorgado por UNICEF entidad creada por las Naciones Unidas en 1946 promueve los derechos de niños, niñas y adolescentes en 190 países y territorios. Trabajan en Argentina desde 1985.