En respuesta a las críticas y reclamos, el gobierno de Javier Milei dio marcha atrás y ajustó ciertos aspectos del mega DNU de diciembre, particularmente en relación con las regulaciones sobre recetas médicas y la venta de medicamentos de venta libre. En el nuevo decreto publicado en el Boletín Oficial, se destaca la obligación de consignar el nombre genérico en la receta, pero se introduce la posibilidad de indicar una marca comercial, con ciertas condiciones.

Las reformas se centran especialmente en los artículos 266, 310, 313 y 323 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, introduciendo medidas complementarias y aclaratorias. Aunque la reglamentación completa estará disponible mañana, se revelaron anticipos sobre las disposiciones que afectan a médicos, farmacéuticos y consumidores.

Una de las modificaciones clave es que los profesionales de la salud podrán sugerir una marca comercial además de consignar el nombre genérico en la receta. Sin embargo, si el consumidor lo solicita, el farmacéutico estará obligado a sustituirla por una especialidad medicinal de menor precio con los mismos principios activos, concentración y forma farmacéutica.

Esta práctica, que ya se realizaba informalmente, se formaliza para brindar más opciones al consumidor y promover la competencia entre medicamentos. No obstante, algunos sectores sostienen que estas nuevas disposiciones pueden afectar la libertad de elección del paciente.

La normativa también aborda las regulaciones sobre la comercialización de medicamentos, limitando la venta libre a antiácidos y analgésicos en establecimientos no farmacéuticos. Esta decisión revierte una disposición anterior que permitía la venta de medicamentos de venta libre en diversos comercios, generando controversias con sectores farmacéuticos.

Un aspecto destacado es la obligatoriedad de las recetas digitales a partir del 1 de julio de 2024. Esta medida busca facilitar la trazabilidad de las prescripciones médicas y establece que todas las recetas, ya sea en formato papel o digital/electrónico, deben ser suministradas por farmacias y establecimientos de salud.

Según explicaron, las reformas buscan equilibrar la libertad de elección del consumidor con la necesidad de regular y garantizar la adecuada dispensación de medicamentos. El impacto concreto de estos cambios en la práctica médica y farmacéutica se conocerá con la publicación completa de la reglamentación mañana en el Boletín Oficial.