La Inspección General de Justicia (IGJ) resolvió rechazar el pedido de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para trasladar su sede legal desde la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, hacia el partido de Pilar, en la provincia de Buenos Aires.
Según el fallo, el organismo de control determinó que no están dadas las condiciones legales para autorizar el cambio de jurisdicción, debido a que la entidad aún tiene pendientes la presentación de balances y otros trámites obligatorios. En particular, se indicó que continúan en evaluación documentación vinculada a la reforma del estatuto y a los ejercicios contables correspondientes al período 2017-2024.
Semanas antes, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) también había objetado el traslado, tras verificar que la dirección declarada no existe formalmente.
Durante la inspección, los funcionarios solo encontraron un terreno alambrado con un cartel que anunciaba: “Próximamente, sede social y museo de los campeones del mundo”, sin construcciones ni actividad administrativa que acreditaran el funcionamiento institucional en ese distrito.
Como parte del proceso, la IGJ dispuso una inspección en el domicilio declarado —Mercedes 1366, en Pilar— con el objetivo de constatar la existencia física de la nueva sede. Sin embargo, el relevamiento arrojó inconsistencias: no se encontró identificación alguna del número informado y se verificó que la numeración corresponde al predio del Polideportivo Municipal local. Además, vecinos y personal del complejo afirmaron que en ese lugar no funciona ninguna dependencia de la AFA.
A partir de estas constataciones, el organismo concluyó que la entidad presentó una “sede social falsa y ficticia”.
En ese sentido, el fallo señaló: “Se ha comprobado de un modo irrefutable entonces que la dirección denunciada por la ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO como su nueva ‘sede social’… corresponde a una localización territorial en la cual dicha asociación civil no se encuentra, no tiene instalación alguna, ni funciona tampoco allí la administración y gobierno de la entidad”.
Asimismo, el documento advirtió que “Bajo la figura de una pretendida decisión legítima de un cambio jurisdiccional esconde… algo falso e inexacto… en base al cual pretende generar determinadas consecuencias jurídicas y, entre ellas, sustraerse al control de esta Inspección General de Justicia".
