El Gobierno de Javier Milei oficializó ayer el decreto con el que pretende avanzar en un fuerte achicamiento del Estado. Una de las iniciativas que va en esa dirección es no renovar los contratos que fueron firmados por primera vez a partir del 1° de enero de 2023 y que vencen este 31 de diciembre. Esto implica que 7000 personas dejarán de trabajar en el Estado.
En la misma línea, el decreto contempla el inicio de una etapa de evaluación para definir qué puestos se mantendrán y cuáles no. Dicha etapa duraría 90 días y podría motivar nuevos recortes. Con esto se esperan nuevas medidas de fuerza de distintos sindicatos.
Y es que antes de este decreto, el 84/2023, el Decreto de Necesidad y Urgencia con el cual el presidente Milei busca desregular la economía derogando más de 300 leyes ya había puesto a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en pie de guerra. De hecho, desde ATE judicializaron la medida a través de un recurso de amparo que el juez en lo Contencioso Administrativo, Esteban Furnari, declaró admisible.
Críticas del gremio de trabajadores estatales
Para este miércoles 27, tanto ATE como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que agrupan –junto a la UPCN– a los empleados públicos, impulsarán jornadas de movilización.
Cabe señalar que hay grupos de trabajadores del Estado que quedarían exentos de ser afectados por el nuevo decreto. Entre ellos el de personas trans o con discapacidad, ya que se trata de cupos regulados por ley. También quedaría exento el personal que haya prestado tareas con fecha previa al 1 de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad de contratación. También, el DNU dejaría exento al “personal que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento de la jurisdicción, de manera restrictiva y de manera fundada [señalando] que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento”.
Según las nuevas medidas, las contrataciones cuyas fechas de ingreso a la administración sea previa a enero de 2023 “no podrán ser renovadas por un período mayor a noventa (90) días corridos”. Y en un artículo del Decreto se instruye a las autoridades de las distintas jurisdicciones a que en ese plazo “realicen un relevamiento exhaustivo del personal contratado cuya fecha de ingreso a la administración sea previa al 1° de enero de 2023 con el fin de evaluar la renovación de las contrataciones mencionadas precedentemente”; y puntualiza que “en el caso de que las autoridades decidan renovar dichos contratos, deberán fundar la decisión demostrando la necesidad de continuar con la contratación”. Todo eso deberá ser informado a la Jefatura de Gabinete, a cargo de Nicolás Posse.
Con motivo de las nuevas medidas, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, declaró al diario La Nación que “no va a permitir ningún despido que sea sin justa causa”. Y agregó: “Todas y todos los trabajadores desempeñan un rol que es esencial a la hora de garantizarle derechos a la población. Tengo la sensación por estos días que se quiere moldear un Estado que es sólo al servicio de los grandes grupos empresarios”.
“Por lo tanto, nosotros no aceptamos desde ATE que exista una revisión durante los próximos tres meses. Decidir renovar los vínculos contractuales por 90 días es una vulneración graves de los derechos adquiridos de todos los trabajadores”, puntualizó el dirigente sindical.
