Continúan las polémicas por las investigaciones sobre extorsión por parte de referentes de organizaciones sociales a quienes eran beneficiarios de los planes de asistencia. En el contexto de la causa que investiga la “mafia de los piqueteros”, fueron allanados una serie de cuadernos, entre ello uno de la sede del Polo Obrero, el cual contiene un listado con las personas que pasaron a cobrar el plan Potenciar Trabajo y que no participaron de marchas o actividades políticas. En el cuaderno, que lleva el título de “Sanciones”, figuran las medidas que se tomaban en esos casos: multas, negar alimentos que brindaba el estado o la prohibición de entrada a los comedores.
En los ahora llamados “cuadernos del hambre”, figuraba la persona “Multada” y la sanción que recibiría.
En conversación con el programa de TN, Somos Buenos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, manifestó que luego de habilitar la línea para recibir las denuncias en relación a las extorsiones, se procedió a la clasificación de los llamados, dado que algunos tenían datos imprecisos. Luego de corroborar esa informacion, se procedió a la judicialización del caso. “Hubo una primera causa que se abrió con el 20 que es la que lleva el fiscal Pollicita y luego, todas las demás se judicializaron en otra causa que lleva adelante el juez Lijo”.
Por un lado, Pollicita avanzó la investigación en un trabajo en conjunto con el Ministerio de Capital Humano para analizar si cada uno de los nombres denunciados estaban registrados en las bases de datos de las personas que recibían los beneficios del Estado. “Así se fue desarmando la investigación con escuchas. De las 160 mil denuncias que recibimos al día de hoy, quizás hay un poco más, judicializamos alrededor de 14.000 que tenían datos certeros de todo el país”, explicó Bullrich. Por otro lado, la ministra se refirió a un caso denunciado que ocurrió en el partido de La Matanza: “Hay un caso de relaciones sexuales a cambio de un plan”, contó Bullrich, y detalló que un hecho similar tuvo lugar en Chaco en una causa federal que involucra a funcionarios del Estado que “elegían como si tuvieran un cuadernito cuáles eran las chicas que querían y a cambio le daban un plan. Eso está investigado por la justicia provincial y luego pasó a la justicia federal porque es un caso que fue caratulado como trata de personas”.
Bullrich concluyó: “Hace 20 años que pasa esto. Entonces lo importante es decir que nos animamos a hacerlo. Nos metimos adentro, pusimos un teléfono, la gente empezó a llamar, recibimos 160 mil denuncias y no tuvimos más porque el teléfono tiene una capacidad limitada”.
