El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, tomó la decisión de revertir los aumentos que se habían implementado en los trámites realizados en los Registros del Automotor, en un gesto que parece ser una respuesta a la presión de diversos sectores de la sociedad. Esta medida, que suspende las subas tanto en los formularios como en los ingresos de los encargados de los registros, refleja un cambio de rumbo en la política económica del Gobierno.
“Luego de revaluar la situación hemos decidido dejar sin efecto dos resoluciones que se conocieron hoy. Se suspende así el aumento de los formularios y de los ingresos de los encargados de los registros automotores”, señaló Cúneo Libarona en su cuenta de X.
La resolución recientemente cancelada implicaba modificaciones en los aranceles percibidos por los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor, así como en los montos mínimos y máximos para la liquidación de emolumentos por parte de los encargados de estos registros. Estos cambios abarcaban la actualización de los anexos que detallan los aranceles y montos asociados a los trámites realizados en dichos registros.
El gobierno había fundamentado la necesidad de estos aumentos citando a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, argumentando que los aranceles de las transferencias de vehículos no habían sido adecuados desde el 31 de octubre de 2023 y que era necesario establecer un equilibrio entre el valor de los bienes y los aranceles que deben abonar los usuarios. Sin embargo, la cancelación de la resolución se produce tras considerar «las fuertes bajas en las expectativas de inflación para los próximos meses» y una «disminución de trabajo» en los registros, según explicó el ministro.
La resolución cancelada había generado preocupación debido a las significativas aumentos previstos en los costos de los trámites. Por ejemplo, el costo para obtener el Título del Automotor o su duplicado pasaría de $920 a $3.870, y la certificación de firmas, de $1.300 a $2.990. Asimismo, la transferencia de automotores para transporte de pasajeros o de carga se incrementaría de $60.000 a $157.000, y la transferencia de autos subastados o clásicos se elevaría de $19.500 a $45.000.
Estos cambios se enmarcan en un contexto de desregulación económica impulsada por el Gobierno, reflejada en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, que busca modificar diversos aspectos del régimen jurídico del automotor. Aunque se había planteado una digitalización de los trámites como una medida para reducir costos, su implementación aún no se concretó. Paralelamente, se lanzó una auditoría de 141 registros intervenidos y una fiscalización digital de otros 25 registros, con el objetivo de analizar variables como los plazos de trámite y detectar posibles irregularidades.
