El diputado correntino por el Partido Autonomista, José Romero Brisco es el autor y aclaró que se trata de una “Ley de Arancelamiento de la Salud Pública”. El texto de la iniciativa aclara: “Los servicios de salud pública provincial se prestarán de manera igualitaria y sin distinción tanto a los extranjeros que revistan condición de ‘residentes permanentes’ como quienes sean determinados como ‘residentes temporarios’.
Es preciso aclarar que la residencia temporaria es una autorización que da Migraciones mientras dura el trámite de admisión de una persona extranjera que quiere residir en Argentina. Dicha condición permite permanecer, salir del territorio nacional y volver a entrar, trabajar y estudiar. Mientras que se considera residentes transitorios a los turistas, pasajeros en tránsito, tripulantes del transporte internacional, trabajadores migrantes estacionales y académicos. En ambos deberán abonar por la atención médica.
José Romero Brisco explicó en una entrevista radial que “los extranjeros que vienen a atenderse y no aportan en el país y la provincia, es lógico que se le cobre por el servicio que se les brinda”. Sin embargo, el diputado expuso que en caso de emergencia, se les asegura la atención si la requieren en suelo correntino. Pero señaló que “se faculta al Ministerio de Salud a articular los medios para cobrar los gastos después de que se concrete la atención”.
Asimismo, agregó que la iniciativa “faculta al Poder Ejecutivo a celebrar convenios de reciprocidad con otros países”. El cobro, según expresó Romero Brisco, aplicará también a “residentes precarios”, que son personas “que vienen a quedarse permanentemente, pero está en trámite la residencia definitiva” en suelo argentino.
El caso salteño
Esta iniciativa correntina no es la primera, el Gobierno de Salta ya dispuso cobrar la atención sanitaria a los extranjeros en la provincia. La medida se oficializó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y contempla como excepción a las urgencias, que seguirán siendo garantizadas.
Esta semana se generó una de las primeras polémicas luego que una mujer de nacionalidad boliviana que acudió al Hospital San Vicente de Paul de Orán para dar a luz, al recibir una factura de aproximadamente $245.000 por los gastos, decidió marcharse sin pagar. Ante esta situación, el centro médico realizó la denuncia correspondiente y solicitó la intervención de Migraciones.
