Este jueves 3 de julio se conocerá información clave tras las denuncias de vecinos contra el proyecto para instalar un bingo en una zona controversial de Escobar, en Ingeniero Maschwitz. El municipio encabezado por el intendente Ariel Sujarchuk deberá presentar, entre otras documentaciones, quiénes son los empresarios o figuras detrás de esta iniciativa y los estudios medioambientales que nunca se presentaron ante el Concejo Deliberante.
Recordemos que el proyecto de instalación de un centro comercial y un bingo fue presentado por el bloque del PRO, específicamente por Leandro Goroyesky, quien preside el espacio, es tesorero del club San Lorenzo y tiene un estrecho vínculo con Cristian Ritondo. Ambos lograron seducir a Sujarchuk para lograr unanimidad en el concejo, de forma apresurada entre navidad y fin de año pasado, y con múltiples irregularidades denunciadas por los vecinos.
Además de no haberse presentado la planificación del proyecto junto con otra información importante, el terreno donde se buscará construir es polémico. A 50 y 200 metros se ubican dos colegios, mientras que a otros 70 metros hay un centro de rehabilitación de adicciones, donde se hospedan decenas de personas que buscan recuperarse de su adicción al juego.
Daniel Angelici es el principal interesado en esta iniciativa, ya que busca trasladar, junto con los socios, su Bingo de Ramallo hacia una nueva zona. Hasta el momento la provincia de Buenos Aires le negó el traspaso de la licencia hacia Escobar, lo que detuvo el avance de la nueva instalación.
A su vez, en los últimos meses existieron polémicas decisiones de la jueza de Paz de Escobar, Claudia Tatángelo, quien cuenta con un gran respaldo de Sujarchuk y es promocionada como una figura relevante para el poder político del intendente. La magistrada rechazó varios pedidos de los vecinos, pero finalmente debió ceder ante las apelaciones.
Así, la causa llegó hasta las manos de Mónica Edith Ayerbe, jueza del contencioso administrativo de Zarate-Campana, quien definió a mediados de junio el pedido hacia el municipio de Escobar para que presente información requerida para estudiar el caso.
Sin rodeos, la jueza busca saber quiénes son las personas físicas y jurídicas detrás del proyecto, sus domicilios legales, convenios firmados y vínculos con el Municipio. Además, solicitó conocer quiénes son los verdaderos dueños de los terrenos donde se busca instalar este complejo, en plena zona residencial, al lado de escuelas y un centro de rehabilitación.
LA IMPORTANCIA DEL PEDIDO DE AYERBE
Ayerbe marca una diferencia grande con el accionar de Tatángelo y acorde al artículo 32 de la Ley General del Ambiente, que obliga al juez a actuar de oficio ante riesgos ambientales, algo solicitado por los vecinos en las reiteradas denuncias.
De esta forma, la Justicia local reconoce la gravedad ambiental y social del proyecto, por primera vez, y exige explicaciones directas al Municipio. Si la documentación no se entrega, la jueza podrá tomar como ciertos los hechos denunciados por los vecinos: irregularidades, falta de participación ciudadana y violaciones normativas.
EL PEDIDO EN DETALLE
La información deberá ser presentada en las próximas horas, antes del mediodía del tres de julio, donde se tendrá que detallar:
- Identificación de los desarrolladores: Personas físicas o jurídicas promotoras del proyecto, Domicilio legal, Convenios firmados con el Municipio y Propietarios de los inmuebles involucrados
- Master Plan: Planos, cronograma, memoria descriptiva y expediente técnico completo
- Zonificación: Características catastrales de las parcelas afectadas, Usos del suelo autorizados, Excepciones o rezonificaciones aprobadas y Aclaración específica sobre las parcelas 3568-a y 3567
- Plan de sector e informes técnicos: Existencia de un Plan de Sector conforme al artículo 75 del Decreto-Ley 8912/77, Aprobación local y convalidación provincial, Evaluación de impacto ambiental, estudio ambiental, audiencia pública, Participación ciudadana y Dictámenes técnicos previos a la ordenanza
PEDIDO COMPLETO
