Ambas consisten en penas de dos años y medio de prisión en suspenso, junto con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Un jurado popular tomó esta decisión.
Ariel Romano y Leila Gianni, formaban parte del equipo jurídico que trabajó en las causa de corrupción contra el gobierno de Alberto Fernández
Las víctimas son jóvenes en conflicto con la ley penal. Los siete imputados son funcionarios públicos. La denuncia fue realizada por un juez que se entrevistó con los adolescentes. Una trama terrorífica despojada de toda empatía y humanidad.
