El informe de Transparencia Internacional advirtió sobre la falta de políticas activas de integridad y el impacto de recientes escándalos en áreas sensibles del Estado.
El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento del exfuncionario y otros 17 acusados por administración fraudulenta y asociación ilícita.
El Gobierno nacional modificó el régimen de contrataciones públicas para fortalecer los mecanismos de exclusión de empresas o personas vinculadas a actos de corrupción.
Las declaraciones de Roggio y Carlos Wagner describieron un sistema de pagos irregulares a cambio de evitar el ahogo financiero por la demora en certificados.
Está acusado de malversación de fondos públicos, que estaban destinados al desarrollo de comunidades indígenas y campesinas.
En el marco de la Causa Cuadernos, detalló cómo funcionaba el esquema de sobreprecios y coimas en la obra pública.
En el video, se observa al exfuncionario caminando por su oficina.
Lo dispuso la Justicia Federal de Lomas de Zamora e incluyó el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a los implicados.
Describió los pagos ilegales que recibía por parte de empresarios y cómo entregaba el dinero al fallecido ex secretario presidencial Daniel Muñoz.
D’Onofrio había presentado la renuncia el 30 de diciembre de 20, en medio del avance de esta causa judicial.
El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) reveló las declaraciones del "arrepentido" Claudio Uberti, ex hombre de confianza de Julio De Vido, quien detalló la logística para mover valijas con dinero desde Buenos Aires hasta Santa Cruz.
La ex presidenta utilizó sus redes, asegurando que el material central de la investigación "fue fabricado". La crítica llega tras el procesamiento del sargento Jorge Bacigalupo, acusado de reescribir y adulterar el contenido.
Las grabaciones, registradas entre el 24 de enero y el 4 de febrero, muestran a la funcionaria manipulando el efectivo durante su jornada laboral.
El juez del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, presionó públicamente a los magistrados a cargo del megajuicio de corrupción, señalando que la “celeridad” es imperativa.
La acusación por lavado tiene como protagonista a la Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña, que se dedicaba a supuestas tareas sociales en el barrio homónimo de los Sena.
El expediente entra en su etapa final. Se trata de uno de los mayores casos de corrupción política descubierto desde la restauración de la democracia.
Roberto Herrera, defensor del ex contador de la familia Kirchner, rechazó categóricamente la denuncia de "tortura blanca" hecha por la expresidenta, asegurando que el acuerdo como imputado colaborador ya estaba cerrado y que la iniciativa provino de la propia defensa.
En una resolución de siete páginas, los jueces Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Fernando Canero resolvieron “mantener indefectiblemente” la orden de detención
El debate se está realizando con una sola audiencia semanal, un esquema que podría extender el juicio durante años.
Según la acusación, los sobornos, de hasta 20%, se canalizaban a través de Ernesto Clarens desde la Cámara de la Construcción.
Se habría producido recientemente, entre 2020 y 2025. También está en la mira la novia del empresario kirchnerista.
Ambas consisten en penas de dos años y medio de prisión en suspenso, junto con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El documento, que reemplazará el texto de 1921, apunta al fin del “garantismo” con la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años, penas agravadas para homicidio y narcotráfico.
El presidente encabezará la presentación del proyecto que actualiza el texto tras más de 100 años, con la presencia de ministros, magistrados y especialistas en el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza.
Es la tercera pena a prisión que acumula el ex ministro en las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner.
Afectado por las denuncias de corrupción y la derrota electoral, el índice se derrumbó y registró una baja del 8,2% en septiembre.
