Según sus defensas, el procedimiento violó normas procesales al no respetar la reserva de eventuales acuerdos y por haberse realizado de manera oral y pública.
Entre los oferentes figuraban empresarios como Ángelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri), Ernesto Clarens y Aldo Roggio.
Casi 50 imputados buscan un acuerdo para evitar la extensa causa con 174 procesados y más de 600 testigos.
El organismo dispuso el bloqueo de cuentas tras detectar operaciones sospechosas asociadas a una persona extranjera que se presume reside en Argentina.
